La amenaza de disolución de las empresas municipales que no se encuentren en equilibrio financiero llegó al Pleno de ayer en forma de proposición del PSOE, en defensa precisamente de estas entidades. "Estamos ante uno más de los hitos de la política del PP desde su llegada al gobierno con normas en aras de la estabilidad presupuestaria que han estrangulado a la ciudadanía mediante la fijación de reglas que no tienen en cuenta la situaciones económica de los ayuntamientos" lamentó Marina Pineda.
Sobre todo, cuando las empresas que están en peligro "son las que prestan los servicios más necesarios y cercanos para la ciudadanía", sostiene el PSOE. Todos los grupos salvo el PP se mostraron a favor de defender estas empresas, si bien "es positivo que tengan cierto equilibrio, distinguiendo aquellas empresas que prestan servicios públicos esenciales", matizó Ciudadanos, para quienes es "inadmisible que se disuelvan atendiendo al criterio de pérdidas sin tener en cuenta las repercusiones".
IU recordó que las propias sentencias del Tribunal Constitucional están desmontando en parte la norma impuesta por el PP. "Resulta irónico que Montoro pida cuentas cuando somos los ayuntamientos los que hemos contenido el gasto", indicó Ana Castaño. Xixón Sí Puede advirtió que la ciudadanía "está que muerde, nadie quiere esto", mientras que el forista Fernando Couto lanzó un mensaje tranquilizador asegurando que las empresas municipales "están trabajando bien, tras aplicar actuaciones de racionalización que ayudaron a consolidarlas". En todo caso, se mostró "siempre en contra de esta ley a la que presentamos numerosas enmiendas".
El concejal "popular" Pablo González acusó por su parte al resto de grupo de "ser especialistas en lanzar tinta de calamar", porque, a su juicio, "los argumentos no son reales, hay excepciones para la extinción de las empresas y el ministerio solo está pidiendo información", aseguró., antes de recalcar que las empresas municipales "tienen que estar bien financiadas por el Ayuntamiento, no puede ser que los servicios se financien con un cheque en blanco cada año".
Marina Pineda, del PSOE, le replicó que "no se ha leído los papeles que nos remitieron a todos", y señaló en este sentido que el ministerio de Hacienda "no pide que se manden papeles, lo único que buscan es la supresión o privatización de servicios públicos". Y por ello "lo que buscamos es brindar los servicios públicos a través de la Constitución". La proposición salió adelante con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.
