El director general de Calidad Ambiental del Principado, Manuel Gutiérrez, salió ayer de la reunión entre técnicos regionales, del Ayuntamiento de Gijón y del Ministerio de Medio Ambiente, clamando por un encuentro político al más alto nivel con la ministra Isabel García Tejerina para "desbloquear la situación" en que se encuentra el saneamiento de Gijón. Una situación difícil ante la imposibilidad por sentencia judicial de poner en funcionamiento la nueva depuradora del Este, a la que el Ministerio destinó 36 millones de euros, y que se ha visto además agravada por la demolición de la zona de desarenado y desengrasado de la planta de pretratamiento de El Pisón (la Plantona) y las averías en el emisario submarino de Peñarrubia que está motivando que parte de las aguas fecales salgan al mar a 400 metros de la costa en vez de al final de los 2,4 kilómetros del emisario submarino.

"La reunión no ha sido especialmente ilustrativa para el Ayuntamiento ni para la Consejería, porque para ninguna de las cuestiones que planteamos ya hace tiempo al Ministerio se nos ha dado respuesta. Por ello consideramos especialmente necesaria la reunión política de alto nivel entre la Consejera, la Alcaldesa y la Ministra para desbloquear la situación, que en este momento parece que no avanza en ninguno de los sentidos", señaló Manuel Gutiérrez tras el encuentro de algo menos de dos horas que se celebró en la sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

Principado y Ayuntamiento han unido esfuerzos para reclamar tanto una solución definitiva con la puesta en marcha de la nueva depuradora como otra transitoria consistente en la instalación de nuevos equipos de desarenado y desengrasado en la Plantona, en tanto no se soluciona el problema jurídico con la depuradora.

En la reunión de ayer participó el subdirector general del Ministerio, Ángel Cagigas; el director técnico de la Confederación, Luis Gil y el subdirector técnico, José Javier González. La representación del Principado la encabezó Manuel Gutiérrez y la del Ayuntamiento la directora general de calidad ambiental, Clara Gómez-Pedraz, junto a otros técnicos y al edil podemista David Alonso.

Todas las partes coinciden en los temas que se abordaron en las algo menos de dos horas que duró el encuentro, pero la valoración del mismo difiere entre Principado y Ayuntamiento, por una parte, y la administración central por otra.

Desde el Ministerio se indica que se informó al Principado y al Ayuntamiento sobre el estado de tramitación del nuevo estudio de impacto ambiental de la depuradora y de las actuaciones para solicitar a los tribunales que autoricen la entrada en servicio de la depuradora de manera provisional, pese a la sentencia en contra. En cuanto al primer punto, el Ministerio señala que la tramitación sigue su curso normal y que actualmente está "pendiente de recibir los informes necesarios para la tramitación por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio" sobre el nuevo estudio de impacto ambiental, que tendrá que definir cuál es la mejor ubicación para la depuradora del Este. En cuanto a las gestiones ante los tribunales para poder poner en servicio provisionalmente la depuradora mientras se realiza un nuevo estudio de impacto ambiental, la respuesta que dieron los representantes ministeriales es que suponen que habrá una respuesta pronto y que no llegó antes porque agosto es inhábil en los juzgados.

La versión de las contrapartes es diametralmente opuesta. Así, Manuel Gutiérrez habla de "falta de información", mientras Clara González-Pedraz señala que "no nos dieron información, alegando que había dificultades de comunicación entre el Magrama y el Ministerio de Justicia" sobre la solicitud de que se ponga de forma provisional en marcha la depuradora del Este. González-Pedraz añadió que la tramitación del nuevo estudio de impacto ambiental de la depuradora acumula ya tres meses de retraso.

El Principado, con el respaldo del Ayuntamiento, también puso sobre la mesa sus propuestas para reactivar provisionalmente el desengrasado y desarenado de la Plantona, lo que requeriría una inversión de entre 1,4 y 2,4 millones de euros. Los técnicos del Ministerio recogieron esas propuestas para estudiarlas, si bien ponen en cuestión la contribución de las mismas a eliminar la contaminación de las aguas, dejando claro a sus interlocutores que "el rendimiento de las instalaciones de desengrasado y desarenado en la depuración de aguas es mínimo". La contribución de ese proceso para eliminar contaminantes "es ínfima", si bien son operaciones habituales en el proceso de depuración para evitar averías de las bombas y de otra maquinaria. Esto es, su función principal es asegurar el mantenimiento de las instalaciones más que depurar.