La gestión de las ayudas que dependen de la Fundación Municipal de Servicios Sociales vuelve a estar en el punto de mira de la oposición de izquierdas. PSOE, Xixón Sí Puede e Izquierda Unida - por boca de José Ramón García, Estefanía Puente y Ana Castaño, respectivamente- han coincidido en las últimas horas en elevar su voz para criticar un sistema que, entienden, dilata que el dinero reservado en el presupuesto municipal para ayudar a las familias gijonesas que más lo necesitan llegue en tiempo y forma. La última bronca se ha desencadenado a cuenta de las ayudas energéticas pero también hay críticas por los retrasos en el pago del dinero comprometido a las entidades asociativas y por los requisitos impuestos para acceder a las ayudas por pérdida de prestaciones sociales que han sufrido beneficiarios de subvenciones a la rehabilitación de barrios degradados, empezando por los vecinos de Francisco Eiriz, en Jove.

"Por nuestra parte la paciencia se ha colmado. La lentitud y la dejadez en los servicios sociales se están volviendo insoportables y nosotros estamos especialmente decepcionados, disgustados e indignados porque esta gestión nefasta repercute en las personas", sentenciaba ayer Ana Castaño (IU). Su crítica se centraba en la convocatoria de ayudas energéticas pensada para más de 4.000 personas y con una dotación de 1,5 millones y que, por ahora, sólo ha recibido 618 peticiones y repartido poco más de 150.000 euros. Cada ayuda es de 350 euros.

Para Eva Illán, la edil forista que preside Servicios Sociales, la justificación a esta cifra -"y ya lo advertí en su momento", explicaba ayer- es la coincidencia de la apertura del periodo de presentación de solicitudes con los meses de verano. Algo que ya pasó también con los cheques de 50 euros para material escolar en Primaria que sólo fueron solicitados por 813 personas frente a los más de dos mil beneficiarios del año pasado. La convocatoria fue en agosto.

Como en Barcelona

"Históricamente hay una reducción en las peticiones en esos meses", indicaba Illán. Por ello, entiende que el grueso de las peticiones de esos 350 euros para pagar luz y gas llegarán en octubre. Será entonces, al final del plazo, cuando haya que tomar decisiones. Ampliar el plazo, como pide el socialista José Ramón García, o cambiar de sistema como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona al cosechar, también, cifras muy por debajo de las esperadas. "Allí sobre una población de dos millones de personas se recibieron 4.400 solicitudes", concretó Illán. Barcelona optó por cambiar las ayudas por una oficina de asesoramiento en materia energética.

El socialista José Ramón García entiende que, en Gijón, la necesidad existe y lo que tiene que hacer Servicios Sociales es "utilizar todos los mecanismos de los que dispone para hacer llegar la información de estas ayudas a las familias". Para octubre existe la idea de publicitar esta línea de ayudas de manera más intensiva.

Por su parte, Estefanía Puente (XSP) centraba su atención en los 150.000 euros en subvenciones a colectivos sociales pendientes de pagar desde 2015 y a los que hay que sumar otros 260.000 euros de la convocatoria de este año. La edil no asume que la justificación en los retrasos vuelva a ser la exigencia de más documentación acreditativa desde Intervención. "Llevamos un año advirtiendo del problema y un año en que no se ha hecho nada", denunciaba.

En cuanto a las ayudas sociales para barrios degradados, la convocatoria se abrirá en octubre. La dotación económica global es de 80.000 euros con la opción de un máximo de 5.000 por afectado. Sobre estas ayudas hablaba ayer Ana Castaño de "deplorable espectáculo, en el que se lleva meses mareando a los vecinos".