Un informe del Tribunal de Cuentas Europeo cuestiona la financiación por la UE de gran parte de las obras portuarias y califica de "ineficaz e insostenible" el aumento de la capacidad de los puertos con esas inversiones. El Tribunal fiscalizó 24 puertos europeos, entre los que no se incluyó El Musel, pero las conclusiones y recomendaciones del Tribunal a la Comisión Europea sí pueden acabar afectando a Gijón.
El Tribunal plantea elaborar un plan europeo de desarrollo para sus principales puertos y aboga por reducir a 50 el número de puertos integrados dentro de su red principal de transporte, que actualmente es de 104, entre ellos El Musel. De permanecer en esa red o salirse depende la construcción de los accesos terrestres al Puerto y la obtención de fondos de la UE: Bruselas se ha fijado como objetivo que sus puertos principales tengan completados antes de 2030 sus conexiones terrestres, plazo que alarga a 2050 para el resto.
El informe señala que "teniendo en cuenta las insuficiencias en la planificación de la capacidad de las infraestructuras portuarias a nivel nacional y europeo, existe un riesgo considerable de que la financiación de la UE genere inversiones insostenibles, puesto que la capacidad adicional creada en realidad no se necesita". No se queda ahí, sino que insta a la Comisión Europea a que aplique "estrictamente" la devolución de subvenciones a los proyectos que no cumplen las expectativas.
La labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas Europeo se desarrolló entre febrero de 2015 y abril de 2016 en la Comisión Europea y en cinco estados; España, Italia, Alemania, Polonia y Suecia, que entre todos recibieron el 60% de los fondos comunitarios asignados a inversiones portuarias entre 2000 y 2013. En ese periodo, el puerto español que recibió más fondos europeos fue Coruña, con 301 millones de euros, seguido de Barcelona con 278,6; El Musel, con 264; Algeciras con 247,9 y Valencia con 159,4. El segundo puerto asturiano, Avilés, recibió 50,9 millones. El tribunal fiscalizó 42 proyectos en los 24 puertos analizados. En 16 proyectos constató sobrecostes: en 10 de España y 6 de Alemania, país en el que los desvíos llegaron en algún caso hasta el 37,7% del presupuesto, caso de una obra en el puerto germano de Cuxhaven. También hubo retrasos en el plazo previsto en muchos de los proyectos auditados.
La fiscalización incluye la revisión de cinco puertos ya analizados por el Tribunal en 2012, como el puerto exterior de Coruña en Punta Langosteira, obra que recibió 257,54 millones de euros comunitarios. El Tribunal señala que sólo un 10% de esa ampliación finalizada en 2011 está siendo utilizada, lo que traduce en que 244,66 millones de los fondos comunitarios adjudicados a la misma han sido una financiación "inutilizada o infrautilizada en gran medida". El informe también cuestiona la subvención de 39,06 millones a la ampliación del puerto de Ferrol, de los que 35,16 también califica como financiación "inutilizada o infrautilizada". Por el contrario, las inversiones en Algeciras y Vigo están siendo plenamente utilizadas, así como dos de las tres ampliaciones en el puerto de Cartagena.
Una de las conclusiones del informe es que "la financiación (por la UE) de infraestructuras y superestructuras portuarias similares en puertos vecinos ha dado lugar a inversiones ineficaces e insostenibles", lo que implica que hubo deficiencias en la evaluación previa de la necesidad de los proyectos y se traduce en "un elevado riesgo de despilfarro de los importes invertidos".
