El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda asumió ayer un nuevo cambio en el programa de ayudas al alquiler. Además de incluir a los jóvenes menores de 35 años como colectivo prioritario se plantean una serie de medidas específicas para las víctimas de violencia de género: la ayuda podrá alcanzar el 100% con un límite de 400 euros, están exentas de cumplir los requisitos de tener unos ingresos mínimos durante el primer año de vigencia del contrato y podrán escoger entre ayudas a las que pudieran optar con la misma finalidad. La idea de Xixón Sí Puede, que llevó esa iniciativa al Pleno, pasaba también por elevar la ayuda económica a los 450 euros.
La bronca llegó al plantearse desde la presidencia de la empresa, que ostenta la forista Eva Illán, un contrato para el servicio de asesoramiento en materia de vivienda. PSOE, XSP e IU lograron en el pasado mes de marzo un acuerdo plenario favorable a la contratación de un abogado. El acuerdo especificaba que no habría subcontratación de un autónomo o empresa. Illán negó la posibilidad de un contrato directo con el aval de un informe del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Informe que pidió la oposición de izquierdas y que no se les aportó por lo que se exigió la retirada del punto del orden del día. También quedó pendiente el debate sobre el registro de demandantes de vivienda que solicita el Principado.
