Seis marroquíes y una joven vecina de El Natahoyo afrontarán en las próximas semanas peticiones de condena que oscilan entre los cuatro años y medio y los cinco años y medio de prisión y el pago de multas por un valor total de casi seis millones de euros. El fiscal encargado del caso asegura que los imputados -cinco hombres y dos mujeres-, se dedicaban al tráfico de sustancias estupefacientes en dos locales de hostelería situados en Pumarín y Nuevo Gijón. La Policía les pilló con más de 100 kilos de hachís y casi 131.000 euros en efectivo. Su arresto supuso, de hecho, una de las operaciones contra el tráfico de drogas más importantes de los últimos años en la ciudad. Ahora la Fiscalía les acusa de la comisión de un delito contra la salud pública y de otro de pertenencia a grupo criminal.

El representante del ministerio público asegura en el escrito de conclusiones provisionales presentado en el juzgado que los acusados formaban parte al menos desde enero de 2015 de "un grupo organizado y estable dedicado a la ilícita comercialización de hachís entre personas adictas a tal sustancia". Para llevar a cabo la venta de droga los reos utilizaban dos establecimientos de hostelería situados en las calles La Mancha y Munilla. La Fiscalía señala a uno de los ahora procesados -un vecino del barrio de Moreda de 30 años-, como el máximo responsable de la trama, el que "impartía instrucciones y órdenes al resto de los acusados y se encargaba de adquirir la droga en Marruecos a personas desconocidas que la transportaban hasta Gijón en donde el acusado se hacía cargo de la misma". Este joven marroquí afronta una petición de condena de cinco años y medio de cárcel y el pago de una multa de un millón de euros. Junto a él trabajaban los seis otros procesados.

Los traficantes, defendidos por abogados como José Manuel Fernández González, fueron detenidos gracias a un despliegue policial que comenzó a la una y media de la tarde del 15 de julio de 2015 en la plaza de La Habana de Gijón. Fue allí donde los investigadores pillaron al cabecilla de la trama con cuatro paquetes de hachís. Las indagaciones posteriores permitieron a los funcionarios llegar a un coche aparcado en un garaje comunitario en el que los acusados guardaban 106 kilos de droga y 130.310 euros en efectivo. Los procesados eran propietarios además de varios vehículos de lujo, uno de ellos un Audi A5 que habían puesto a nombre de un niño de cuatro años.

El ministerio público asegura que la droga incautada hubiera alcanzado un valor en el mercado de más de medio millón de euros. El principal imputado carecía de antecedentes penales si bien el "segundo" del grupo ya había sido condenado por otros hechos similares en el año 2009. Cuatro de los procesados se encuentran en prisión provisional. La Fiscalía añade a su petición que se suspenda la actividad de los dos bares en los que se vendía droga durante los próximos dos años.