Los técnicos de la OLAF se ratifican en su denuncia sobre las obras de El Musel

Los investigadores que realizaron el informe que llevó a abrir el proceso penal señalan que las actas de Dique Torres corroboran sus sospechas

26.10.2016 | 09:00
José Manuel Mata, Esteban Castro y Arturo Marqués, a su llegada ayer a la Audiencia Nacional.

El denominado "Caso Musel" inició ayer una semana intensa en su instrucción con la declaración como testigos ante la jueza Carmen Lamela de los técnicos de la Oficina Antifraude de la Unión Europea (OLAF), autores del informe en el que pidieron la retirada de las ayudas comunitarias a la ampliación de El Musel y la intervención de las autoridades judiciales.

Los tres técnicos, José Manuel Mata Blanco, Esteban Castro Fernández y Arturo Marqués Domingos, que declararon durante más de cuatro horas, volvieron a ratificar la fiabilidad de su informe -tal y como hicieron ante el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional en octubre de 2015- en el que recomendaban la devolución de la subvención de 247,5 millones de euros otorgada por la Unión Europea para las obras del puerto de El Musel al haber observado un sobreprecio en el presupuesto inicial de la obra que consideraban no justificado.

Además, los técnicos de la OLAF abundaron en que las sesenta y un actas internas de Dique Torres remitidas de forma anónima a la Fiscalía Anticorrupción y también a la OLAF respaldarían la hipótesis -expuesta en su informe y en su declaración previa- de que la empresa era conocedora en enero de 2005, pocos días después de la adjudicación de las obras, de que no podría explotar la cantera de Aboño y que, consecuentemente, se iba a producir un importante sobreprecio.

Este sobrecoste, según la UTE Dique Torres encargada de llevar a cabo la obra, se debería a que no pudo explotar la cantera de Aboño -cercana a la obra y, por lo tanto, con un bajo coste de producción- como estaba previsto porque se iba a construir una planta desulfuradora para la central térmica de Aboño y podría verse afectada por las explosiones necesarias para extraer la piedra para el puerto. Así, los materiales utilizados en la ampliación acabaron trayéndose de las canteras de Tudela Veguín y de canteras comerciales más alejada del puerto, estas últimas más caras, en base a lo que se justificó una modificación al alza del presupuesto de 250 millones de euros.

La jueza Lamela trata de discernir con las declaraciones de los testigos si la imposibilidad de explotar la cantera de Aboño era conocida por Dique Torres de forma previa a hacer su oferta o surgió posteriormente de forma imprevista.

Según fuentes de las acusaciones, las declaraciones de ayer corroborarían la tesis de que existió un delito de fraude al ser Dique Torres consciente de que no podría mantener el precio de su oferta, al no poder explotar la cantera de Aboño, además de vulnerar los principios de no discriminación y transparencia. Del mismo modo, la acusación considera que los técnicos de la OLAF ratificaron que alrededor de 68.000 pesajes de camiones que suministraron material a las obras no se midieron adecuadamente.

La defensa del exdirector de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Díaz Rato, solicitante de la comparecencia de ayer, negó que su cliente tuviera conocimiento de que la cantera de Aboño no podría ser explotada porque las previsiones de construcción de la planta desulfuradora expuestas en el BOE no concretaban el lugar exacto donde iba a ser radicada. Según esta parte, "no existen más que indicios no respaldados por nada". Del mismo modo, señalan al contratista como el encargado de controlar la cantidad de materiales utilizados en el proyecto con una báscula situada a pie de obra, mientras que es la Autoridad Portuaria la que debe dar el visto bueno a su calidad.

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