Anticorrupción pide imputar al abogado del Estado que avaló sobrecostes de El Musel

El exsecretario de Estado Fernando Palao y el expresidente de Puertos reconocen una reunión en Madrid con Dique Torres y la Autoridad Portuaria

27.10.2016 | 12:38
Fernando Palao, ayer, a su llegada a la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que se cite a declarar en el "caso Musel", en calidad de investigado, al abogado del Estado Jefe de Asturias y exconsejero de la Autoridad Portuaria de Gijón, José María Alcoba. La petición del fiscal motivó que se anulase la comparecencia ayer en la Audiencia Nacional como testigo de Alcoba, hasta que la magistrada que instruye el caso decida si mantiene su comparecencia como testigo -tal como había solicitado la defensa del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato- o lo imputa como ahora pide el fiscal. José María Alcoba avaló mediante cinco informes los sobrecostes de ampliación de El Musel y el pago al contratista, la UTE Dique Torres.

Abogados presentes en la causa que ayer acudieron ante el Juzgado Central de Instrucción número 3, se mostraron sorprendidos por la ausencia de Alcoba ya que no habían sido informados de la solicitud de la fiscalía. "Podía haberle tomado declaración como testigo y, una vez escuchado, tomar la decisión de investigarle", manifestaron.

Sí declararon ayer como testigos el exsecretario de Estado de Transportes y expresidente de El Musel, Fernando Palao; el expresidente de Puertos del Estado, Mariano Navas; el técnico de Puertos del Estado, Gonzalo Gómez Barquín y el inspector del Ministerio de Fomento, Alejandro García Campuzano.

Por lo que a las declaraciones testificales de Fernando Palao y Mariano Navas se refiere, ambos reconocieron que en marzo de 2006 se reunieron "de forma informal" en el despacho de Palao, entonces secretario de Estado de Transportes, sito en la sede central del Ministerio de Fomento, con el presidente y el director de la Autoridad Portuaria de Gijón -ambos investigados en este caso- Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, y con varios miembros de la UTE Dique Torres, cuyos nombres fueron incapaces de identificar. Según declararon ayer, el motivo de esta reunión fue limar asperezas entre la Autoridad Portuaria y Dique Torres, ya que las relaciones entre ambas partes estaban marcadas por la tensión. Para entonces ya se habían detectado problemas de suministro de piedra y se preveía que podría derivar en un sobrecoste elevado. En ningún caso, según declararon ante la magistrada, exigieron a la Autoridad Portuaria que asumiesen obligatoriamente los sobrecostes de las obras de ampliación porque "no podíamos dar órdenes de ese tipo". Según su declaración, su único papel fue el de "hombre bueno" que pretende mediar entre dos partes que entonces se encontraban ya a la greña.

Mariano Navas, según asistentes a su declaración, afirmó que perdió la confianza en los gestores de El Musel desde el momento en que la tasación de la piedra extraída de la cantera de Hidrocantábrico, cercana a la obra, realizada en el primer acuerdo de intenciones, no fue modificada en los siguientes a pesar de que ya se conocía que dicha cantera no podría suministrar el material y que éste debería ser traído desde explotaciones más lejanas y, por lo la tanto, más caro.

El técnico de Puertos del Estado Gonzalo Gómez Barquín y el inspector del Ministerio de Fomento Alejandro García Campuzano, por su parte, declararon que los informes que realizaron sobre las obras se basaron en los datos suministrados por la Autoridad Portuaria de Gijón, por lo que consideraron sobrevenida la imposibilidad de explotar la cantera de Aboño. El Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias, que ejerce la acusación popular, considera que la no explotación de Aboño no fue algo sobrevenido o inesperado, sino que era conocido de antemano. En sus declaraciones, Gómez Barquín y García Campuzanono se mostraron sorprendidos por el sobrecoste de las obras, algo habitual en infraestructuras de este tipo y que rondó el 24 por ciento del presupuesto inicial.

Hoy continuarán las declaraciones en la Audiencia Nacional con la citación de los investigados por el programa de ocio "A ver la ballena": Fernando Menéndez Rexach, José Luis Díaz Rato y Miguel Vallina, por parte del Puerto de Gijón, y Carmen Fernández Pico, como responsable de la Asociación Cultural Aeropuerto, encargada de organizar las actividades de ocio.

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