Madrid, Fernando R. GORENA

El exdirector del Puerto de El Musel, José Luis Díaz Rato, insistió ayer ante la jueza Carmen Lamela, encargada del Juzgado Central número 3 que instruye el "Caso Musel" en la Audiencia Nacional, que la decisión de aceptar los sobrecostes de la obra de ampliación la tomaron en 2006 los entonces presidente de Puertos del Estado, Mariano Navas, y el secretario de Estado de Transportes, Fernando Palao, en la reunión que tuvo lugar en Madrid en el despacho del segundo y a la que también asistieron los directores de las empresas que integraban la UTE Dique Torres" (Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas), el expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y él mismo.

Díaz Rato, uno de los investigados en el caso, declaró durante más de tres horas y medias a petición de su propio letrado. En su comparecencia trató de desmentir varios puntos de las declaraciones realizadas por algunos testigos interrogados estos días.

La existencia de la reunión en el Ministerio de Fomento fue reconocida anteayer por Palao y Navas, aunque no en los términos expuestos por Díaz Rato, quien sostiene que las autoridades ministeriales habrían presionado al expresidente y al exdirector de El Musel para que aceptasen los sobrecostes, ya que no realizar la obra sería "un desastre nacional" y que debían seguir adelante con la misma.

Una versión que contradice la de Palao y Navas, según los cuales la reunión se celebró para limar asperezas entre Dique Torres y los responsables del puerto gijonés, que se había deteriorado a consecuencia del incremento de los sobreprecios pero en ningún momento presionaron a los responsables de El Musel para que los aceptasen los sobrecostes. Rato también afirmó que existían diferencias entre los altos cargos ministeriales y los de El Musel, pero que era Puertos del Estado el responsable de fiscalizar los aspectos económicos de la operación, desde las inversiones a las peticiones de fondos.

En su declaración de ayer, el exdirector de El Musel intentó rebatir con documentos y gráficos los datos aportados por los inspectores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que denunciaron irregularidades en la gestión de la ampliación del puerto en su declaración del martes.

Díaz Rato señaló que él no era partidario de hacer un modificado del contrato con la UTE para hacer frente al incremento de precio de las obras, mientras que las autoridades ministeriales sí que lo eran y que de hecho así lo defendieron cuando acudieron a Bruselas a dar explicaciones del desarrollo de las obras. El exdirector de El Musel también reconoció que las relaciones de las autoridades del puerto con la UTE no eran buenas por las tensiones surgidas al preverse un importante incremento del precio final de la obra.

Díaz Rato sostuvo que, si bien se conocía que HC iba a construir la planta desulfuradora en la zona y que existía un gasómetro construido en 1986, él consideraba que esto no impediría que se explotase la cantera de Aboño.

Del mismo modo, ante las dudas expuestas por los inspectores de la OLAF, Díaz Rato defendió la labor de los equipos controladores de materiales, compuestos por más de cuarenta técnicos y explicó los términos de la liquidación final del contrato con la UTE.