El Partido Popular de Gijón ya da prácticamente por segura la anulación judicial de su último congreso local, celebrado hace poco más de un año y en el que salió elegido como presidente de la formación política Mariano Marín, que ejerce también como líder del grupo municipal. En el PP son conscientes de que la reunión la pasada semana de los magistrados de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Asturias, que deben decidir en torno al recurso interpuesto por el partido contra la sentencia del juez de primera instancia que tumbó la elección de Marín, no ha hecho más que poner en marcha la cuenta atrás. El partido se prepara para lo peor y ya se tiene en mente una gestora que se hará cargo de las riendas del PP gijonés hasta la celebración de un nuevo congreso: el tercero en poco más de dos años después de que la justicia anulara también el cónclave en el que fue elegido presidente David González Medina en 2014.
La idea de los máximos responsables del PP es que se cumplan los plazos de los estatutos del partido. Unos plazos que, precisamente, empezaron a correr ayer con la investidura de Mariano Rajoy como Presidente del Gobierno. Y es que el partido tenía previsto celebrar hace un año el congreso nacional de su formación política. La coyuntura política, con 314 días de gobierno en funciones y dos procesos electorales de por medio, obligó a aplazar una cita que ahora sí, después de lo vivido ayer en el Congreso de los Diputados, parece que va a celebrarse. La reunión nacional dará luego paso a decenas de convenciones en toda España. No en vano en los estatutos del partido se establece que todos los congresos regionales se deben celebrar cuatro meses después del nacional y que los locales, a su vez, deberán organizarse seis meses después de la cita regional.
Es por esto que, apurando los plazos al máximo, el congreso local de la formación debería convocarse como máximo dentro de un año. Una coyuntura que, a juicio de fuentes del partido, hace innecesario celebrar un cónclave extraordinario. La opción más viable sería, por tanto, imponer una gestora que evite conflictos. Más teniendo en cuenta que, siguiendo esos plazos establecidos en los estatutos, la líder regional, Mercedes Fernández, está a punto de someterse a un congreso para continuar al frente de la dirección del PP de Asturias. La situación no es nueva para el PP gijonés. Una gestora ya se hizo cargo de la formación en el año 2013, cuando la dirección del partido cesó a la entonces presidenta de la formación a nivel local, Pilar Fernández Pardo, hoy alejada de la política. Pero las turbulencias no acabaron ahí.
De confirmarse los peores augurios esta sería, de hecho, la segunda anulación judicial consecutiva de un congreso local que vive la formación política en Gijón. El primer proceso judicial llegó tras la elección de David González Medina como presidente. En enero de 2015 un juez dio el primer estoque al partido. El magistrado titular del Juzgado de primera instancia número 4 de la ciudad declaró nulo el cónclave. Los populares celebraron entonces otro congreso en el que eligieron Mariano Marín. Habían pasado pocas semanas desde la sentencia que había tumbado la elección de Medina. Los problemas no acabaron ahí.
Los díscolos con la dirección de Mercedes Fernández, entre los que destacaban los exconcejales de la formación en el Ayuntamiento, volvieron a los tribunales. Y ganaron de nuevo. El Juzgado de primera instancia número 11 de la ciudad anuló la cita en abril. El magistrado acusó al PP gijonés de realizar el cálculo de avales sobre el total del censo de afiliados y no sobre el censo de afiliados al corriente de pago. El magistrado criticó en su sentencia el elevado número de avales que se exigía para presentar una candidatura al aplicar un censo inflado con afiliados que no pagaban su cuota y con otros que ya habían fallecido. Ahora la última palabra la tiene la Audiencia. En el PP están preparados.
