Uno de los dos dictámenes en los que el Abogado del Estado Jefe en Asturias, José María Alcoba, avaló la modificación al alza del contrato de la obra de ampliación de El Musel, facilitó la aprobación de los sobrecostes, en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón, al mes siguiente de que ese órgano hubiese celebrado una tensa sesión de varias horas en la que algunos de los consejeros se mostraron muy críticos con la elevación de los precios. Ahora, la Audiencia Nacional ha citado como investigado a Alcoba, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que supuestamente realizó dos informes a medida para facilitar la aprobación, por el consejo portuario, de los sobrecostes y el alargamiento del plazo de ejecución de la obra. El fiscal también cuestiona el papel de Alcoba en la mesa de contratación que propuso adjudicar la obra a la UTE Dique Torres.
Aquella tensa sesión del Consejo se celebró el 20 de noviembre de 2007, cuando la intención de elevar el presupuesto de la obra en un 43% (pasando de 579,22 a 830,16 millones de euros) ya había trascendido a la opinión pública y había motivado la primera comparecencia, ocho días antes en la Junta General, del entonces consejero de infraestructuras del Principado y consejero del Puerto, Francisco González Buendía.
El acta de aquella sesión del Consejo portuario y la de la reunión en la que al mes siguiente se aprobaron los sobrecostes, junto al informe favorable del Abogado del Estado, fueron varios de los documentos que cuatro exconsejeros socialistas del Puerto solicitaron que se hicieran públicos, después de que la Oficina Europea de la Lucha Contra el Fraude (OLAF) emitiera un informe que apunta a supuestas irregularidades del Puerto en presunta connivencia con la UTE Dique Torres (Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas). Ese informe acabó motivando la apertura de diligencias penales en la Audiencia Nacional.
El Puerto rechazó aquella petición hecha en mayo de 2014 por Paz Fernández Felgueroso, Jesús Urrutia, Justo Rodríguez Braga y Herminio Sastre y no hizo público ningún documento del expediente al oponerse a ello el Abogado del Estado.
El acta de aquella reunión del Consejo portuario de noviembre de 2007 que pidieron hacer pública, refleja que se mostraron especialmente reticentes a elevar el presupuesto de la obra los representantes sindicales y de la patronal y también hubo críticas de otros a las explicaciones dadas al inicio de la sesión por el presidente y director del Puerto, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, y por el consejero de infraestructuras, Francisco González Buendía.
Buendía resaltó que el modificado del presupuesto en casi 251 millones de euros "es a fin de obra, no al momento de ejecución actual, en el cual el sobrecoste es del 10% aproximadamente", tal como había dicho días antes en el parlamento regional. El Puerto llevaba pagando sobrecostes a la UTE desde abril de 2006, sin haber informado al Consejo.
Díaz Rato, por su parte, explicó que se trataba de aprobar "un modificado económico más que técnico" derivado por un lado de la demora de dos años en poner en explotación la cantera de Aboño (la más cercana al Puerto) al tener que instalar HC una desulfuradora para su central térmica y al disponer la empresa Exma de un permiso de investigación minera en esos terrenos y por otro al no haber dado licencia el Ayuntamiento de Carreño para abrir la cantera de Perecil. Menéndez Rexach, por su parte, apuntaba que los sobrecostes serían sufragados en gran parte con nuevos fondos europeos para la obra.
El entonces presidente de la patronal asturiana FADE, Severino García Vigón, sólo consideró justificados los sobrecostes derivados de modificaciones técnicas (que Buendía acababa de cifrar en un 7%) pero consideró que no era razonable elevar los precios por la obtención de piedra para la obra: "Hay que revisar hasta qué punto llega el riesgo y ventura del contratista, de acuerdo con los pliegos reguladores de la contratación", señaló Vigón, quién también indicó que los consejeros no tenían por qué sentirse vinculados con los pactos alcanzados por los acuerdos sellados previamente con Dique Torres a espaldas del Consejo.
El líder de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga apuntó que las decisiones inversoras de HC deberían conocerse cuando se licitó la obra, mientras el de CC OO, Antonio Pino, preguntó quién se había aprovechado de que no se hubieran puesto en explotación las que iban a ser las dos principales canteras de la obra; Aboño y Perecil.
El entonces alcalde de Carreño, Ángel Riego, rechazó que se culpara a su Ayuntamiento, recordando que nadie alegó contra el acuerdo municipal para suspender la apertura de nuevas canteras, ni la UTE Dique Torres tuvo en cuenta al Ayuntamiento cuando llegó al acuerdo con Tudela Veguín para extraer piedra de sus terrenos.
El acta también recoge el posicionamiento del entonces consejero de Industria, Jesús Urrutia, que calificó de "poco generosos" a los titulares de derechos sobre la cantera de Aboño que impidieron su rápida puesta en servicio, así como las preguntas de la exalcaldesa Paz Fernández Felgueroso y el edil José María Pérez sobre nuevos plazos y presupuestos y cómo se iba a modificar la decisión de la Comisión Europea que había concedido un máximo de 247,5 millones de euros para subvencionar la obra.
Todas esas intervenciones fueron contestadas por "Presidente, Director y Secretario, con ayuda de algunos vocales del Consejo", señala el acta. Entre otras cosas, les indicaron que la propuesta llegaba tras "discutir mucho" con el contratista, que solicitaba un modificado mayor, de 380 millones de euros; que se estaba teniendo que recurrir a canteras incluso de León y que el Puerto no se podía acoger al "riesgo y ventura del contratista", porque en ese caso se rompería el equilibrio económico financiero de la obra, por el alza en los costes de aprovisionamiento de materiales, con lo que la UTE podía parar la obra.
A los consejeros se les planteó la disyuntiva de o bien rescindir el contrato con la paralización de la obra a medio hacer, o tramitar el modificado. Algo sobre lo que el Abogado del Estado que acudió a aquella sesión, Bernardo Blanco "señala que efectivamente esas son las opciones que existían, si bien al optarse por el modificado podría o sacarse una nueva licitación o modificar el contrato principal", opción esta última que él consideraba acertada "sin prejuzgar los informes que deban emitirse durante el procedimiento".
Tras las explicaciones, los consejeros aprobaron por unanimidad darse por enterados de las dificultades de la obra y "continuar las gestiones oportunas" para tramitar el modificado de 216,31 millones (250,9 con IVA) e instar al Estado a que pida más fondos europeos para sufragarlos.
Casi un mes después, el 18 de diciembre, los directivos portuarios presentaban al Consejo el informe técnico favorable de Puertos del Estado, el informe jurídico favorable del Abogado del Estado y la aprobación técnica de la modificación del proyecto por el Director del Puerto. El modificado se aprobó, ya sin debate, por unanimidad, y con la esperanza de que la UE aportara 135 millones de euros más para costearlo.
Entre medias de ambos consejos, Buendía volvió a comparecer en la Junta General del Principado, esta vez con Rexach. Ambos defendieron el modificado del proyecto, escudándose en el informe del Abogado del Estado y en la aprobación técnica de Fomento.
