La exsecretaria de una empresa de materiales acusada de estafar 250.000 euros en su etapa como trabajadora, de 2009 a 2011, ha sido condenada a un año y cuatro meses de cárcel por la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias.

La sentencia considera a C. M. M. culpable de un delito continuado de falsedad en documento mercantil con agravante de abuso de confianza y los atenuantes de reparación parcial del daño, confesión y dilaciones indebida. A la pena de prisión se le suma una multa de siete meses con una cuota diaria de cinco euros, y con una responsabilidad personal subsidiaria de 1 día por cada dos cuotas impagadas, y a que indemnicen a la empresa en 78.000,05 euros más el pago de las costas.

La ya condenada comenzó a trabajar para dicha empresa en febrero de 2008 como secretaria con competencias para el pago a proveedores y empleados de la empresa mediante transferencias de la cuenta de la empresa a través de internet con las correspondientes e imprescindibles claves y contraseñas de acceso. El "modus operandi" consistía en transferir, gracias a esas claves, importantes sumas de dinero a cuentas de su titularidad y en otros casos utilizando el talonario de cheques de la empresa, al que tenía libre acceso, para ir a cobrarlos al banco luego de falsificar la firma de su jefe. También realizaba compras por internet con cargo a la cuenta de la empresa.

Con la intención de ocultar sus movimientos, C. M. M., que durante la vista oral del juicio celebrado el pasado mes de septiembre aseguró que robó el dinero para costearse un tratamiento médico en el extranjero, remitía a una asesoría externa, encargada de la contabilidad de la empresa de construcciones, información irreal sobre la actividad. Incluso, informaba que los empleados, y compañeros suyos de trabajo, cobraban un salario superior al real para quedarse con la diferencia. Así las cosas, en el año 2009 -desde febrero- se apropió de 18.000 euros, de 93.370,83 euros en 2010 y de 138.049,22 euros en 2011 -hasta noviembre-. En suma, estafó un total de 249.420,05 euros durante los tres años de actividad delictiva.

Tras auditar las cuentas de los últimos años, la asesoría, que puso los hechos en conocimiento del responsable y administrador de la constructora, aseguró a C. M. M. que de devolver lo sustraído no tomaría medidas legales contra ella por lo que reintegró parte de lo robado, 101.800 euros un día y 105.020 euros unos días después. En consecuencia, una cantidad que no cubría el total de su estafa y por lo que acabaron en los tribunales, donde, como acusación particular, solicitaron para la extrabajadora una pena de seis años y seis meses de prisión así como una multa de once meses con cuota diaria de ocho euros mientras que la Fiscalía rebajó su petición inicial a un año y cuatro meses de cárcel, una pena que finalmente falló la Audiencia Provincial.

Por otro lado, en lo relativo a la pretensión de la acusación particular de atribuirle también el cobro de 119 cheques (73 menos que los reconocidos por la condenada), que sumaban un importe de 430.184, 48 euros, según la sentencia "no puede tenerse por suficientemente probado, con convicción exenta de duda razonable". El argumento radica en que muchos de esos cheques no figuran con nombre, firma ni DNI al dorso por lo que pudieron ser cobrados por otra persona con la suficiente credibilidad para que el banco no exigiese el refrendo del cobro.