Uno de los informes del Abogado del Estado Jefe de Asturias que ha puesto en cuestión la Fiscalía Anticorrupción, fue realizado expresamente para tratar de frenar el procedimiento abierto en 2008 por la Comisión Europea para revisar las subvenciones que había concedido a la obra de ampliación de El Musel. Se trataba de la primera revisión del expediente de la contratación de la obra después de que Los Verdes de Asturias (Equo) enviara una queja a la Comisión, informando de que el Puerto estaba tratando de hacer pasar como una segunda fase de la ampliación lo que en realidad eran sobrecostes, para conseguir más ayudas europeas.
La UE había aprobado 247,5 millones de euros de los Fondos de Cohesión a la obra de ampliación. El Puerto esperaba obtener otros 135 millones adicionales para sufragar los sobrecostes. Al final otra denuncia de Andecha Astur llevó a la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) a abrir una investigación que se saldó con un informe que, por un lado, la fiscalía y Ocan (asociación ligada a Podemos) llevaron a la Audiencia Nacional y por otro con una propuesta de la Comisión Europea para revocar los 247,5 millones concedidos a la obra, decisión que aún no es firme y contra la que alegó el Puerto.
Las alegaciones presentadas por el Puerto se apoyan, en buena medida, en los informes elaborados por el Abogado del Estado, cuyo papel pone ahora en duda la Fiscalía Anticorrupción.
El informe elaborado para tratar de frenar la revisión del expediente de la obra en Bruselas es el dictamen rubricado por José María Alcoba el 10 de octubre de 2008, que abunda en las consideraciones que ya había plasmado en un dictamen anterior, del 4 de diciembre de 2007, para justificar la modificación del proyecto de la obra de ampliación, elevando su presupuesto en 250,9 millones de euros y alargando el plazo de ejecución de la obra en 22 meses. Aquel primer informe facilitó la aprobación de los sobrecostes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en diciembre de 2007 y también se escudaron en ese dictamen los entonces presidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, y consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, en su comparecencia conjunta ante la Junta General del Principado días antes de la reunión del Consejo.
Alcoba ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional como investigado en el "caso Musel", a solicitud del fiscal, quien entiende que supuestamente fue un "cooperador necesario" en un presunto delito de prevaricación, dado que sus informes facilitaron que el Consejo de Administración del Puerto aprobara los sobrecostes de la obra. El fiscal sostiene que el primer informe obvió cláusulas de los pliegos en base a los que se contrató la obra que responsabilizaban al adjudicatario, la UTE Dique Torres, del aprovisionamiento de piedra y la elección de canteras, que le obligaban a cumplir los plazos de la obra y además impedían modificar el presupuesto sin aprobación previa y un nuevo contrato, en contra de lo que finalmente se hizo. El segundo informe, de 2008, omite un párrafo de un acuerdo plenario del Ayuntamiento de Carreño sobre la apertura de nuevas canteras y también justifica el alza en los precios de la piedra en base a un reglamento que no era aplicable, según el fiscal. Anticorrupción también cuestiona el papel de Alcoba en la mesa de contratación de la obra, aceptando un criterio de valoración de las ofertas que contravenía las instrucciones de la Abogacía del Estado.
Reunión en Bruselas
El dictamen de 10 de octubre de 2008 fue "elaborado para dar respuesta a las reservas planteadas por la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea" respecto a la solicitud de fondos comunitarios para sufragar los sobrecostes, según se explica en uno de los pasajes del documento de alegaciones de 585 páginas que la Autoridad Portuaria remitió en 2015 a la Comisión Europea para intentar que no le revoque las subvenciones.
En julio de 2008, la Comisión Europea solicitaba por carta a España información sobre "una presunta violación de la normativa comunitaria de contratación pública" en la obra de El Musel. El Ministerio de Fomento respondió el mismo mes a Bruselas y el 24 de octubre de 2008 se celebró una primera reunión en la Dirección General de Mercado Interior y Servicios de la Comisión Europea a la que asistieron miembros de la representación permanente de España ante la UE, de Puertos del Estado, de la Autoridad Portuaria de Gijón y de la Abogacía del Estado.
Los argumentos no convencieron y al año siguiente Mercado Interior emitía un informe en el que consideraba que el Puerto favoreció a Dique Torres en la licitación de la obra y que al asumir los sobrecostes, el Puerto estaba pagando los riesgos del contratista.
