Una sentencia de la Audiencia Provincial de León ha ratificado la sentencia de un juzgado mercantil de la provincia vecina que declara culpable el concurso de acreedores de Emergicar, lo que permitirá que los acreedores puedan reclamar las deudas generadas por la empresa a partir del 1 de enero de 2014 a dos de administradores de Emergicar. Esta empresa, dedicada a la compraventa de carbones era uno de los principales suministradores de este mineral a las factorías asturianas de ArcelorMittal, su principal cliente. Emergicar también importaba carbón por el puerto de El Musel. En uno de esos cargamentos, la Guardia Civil decomisó, en noviembre de 2014, 295 kilogramos de cocaína, lo que motivó que el empresario J. M. R. M. acabara encarcelado durante seis meses, de manera preventiva y se enfrente ahora a una petición de diez años de cárcel por parte del fiscal. Las dos personas declaradas culpables del concurso por la Audiencia de León son J. M. R. M. y la persona que durante su estancia en prisión se encargó de administrar de hecho la sociedad.

Emergicar se dedicaba a la distribución de carbones por todo el territorio nacional. Además de sus ventas a Arcelor y sus importaciones por El Musel, sus vínculos con Gijón también incluyen la extracción de parte de los finos de carbón de la balsa de lodos de Mina La Camocha que realizó en 2013. La empresa también contaba con una nave, en el polígono de Bankunión II de Tremañes, que es a la que presuntamente se envió el cargamento de 390 kilos de carbón vegetal mezclado con cocaína, que supuestamente había importado de Paraguay. De allí el cargamento se transportó en camión hasta la localidad gallega de Ordes, donde fue intervenido por la Guardia Civil. En la operación hubo 11 detenidos.

Las consecuencias para la empresa no se hicieron esperar. Tras el encarcelamiento preventivo de J. M. R. M. -actualmente en libertad con cargos- Arcelor no renovó el contrato a Emergicar al mes siguiente del encarcelamiento. Otros clientes menos importantes de la empresa también le dieron la espalda.

La sentencia sostiene que Emergicar ya estaba en bancarrota un año antes de la detención de su administrador y de que Arcelor no le renovara el contrato, mientras que el argumento de su defensa es el inverso; que fue el ingreso en prisión del empresario lo que llevó a la pérdida de clientes y a la situación de insolvencia consiguiente.

La sociedad intentó solicitar un concurso voluntario de acreedores, que no fue admitido por los juzgados leoneses. La sentencia de la Audiencia, no obstante, apunta a que en la solicitud de concurso voluntario la empresa incluía como bienes o derechos a su favor 3,75 millones de euros, cuando más de un millón eran incobrables. El fallo también deja ver que Emergicar ya atravesaba por serias dificultades un año antes de que el empresario fuera detenido por supuesto tráfico de drogas. En diciembre de 2013, la empresa supuestamente tenía unos fondos negativos de 4,5 millones de euros y deudas que sumaban 1,4 millones de euros.

Finalmente fue un acreedor el que instó el concurso, que ahora los tribunales han declarado culpable. La sentencia, fechada el pasado 21 de septiembre, no es firme y el empresario la va a recurrir ante el Tribunal Supremo.

La Audiencia de León también declara cómplice del concurso culpable a la empresa Riquezas Naturales S.L., a la que Emergicar le entregó sus derechos de explotación del yacimiento minero de Henarejos, en Cuenca. Esa complicidad supone que Riquezas Naturales pierde sus derechos como acreedor en el concurso.

La Audiencia desestimó el recurso que habían presentado los administradores de Emergicar, que sostenían que la sociedad no era insolvente, al valorar en unos 7 millones de euros su paquete accionarial en Recursos Naturales, mientras que el valor asignado a esas acciones en la contabilidad de la concursada era de 60.000 euros, según refleja la sentencia, que lo considera "una irregularidad contable manifiesta, no sólo en su realidad, sino también en su incuestionable relevancia".

Además del pleito por su empresa, el industrial se enfrenta a un proceso penal en el que el fiscal le pide 10 años de cárcel, 9 por tráfico de drogas y 1 por falsificar la firma de la persona a nombre de la cual estaba la nave de Tremañes. La defensa va a solicitar que quede libre de todo cargo al considerar que no se fundó adecuadamente la decisión del juzgado de instrucción de Orihuela que abrió el procedimiento contra él.