El gijonés condenado a 22 años de cárcel por asesinar a un vecino de Nuevo Roces al que supuestamente le debía 7.000 euros por un cargamento de heroína comparecerá de nuevo la próxima semana ante un juez. En esta ocasión el reo, Miguel Ángel D. L., responderá a las preguntas de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Asturias a los que el acusado ha solicitado una rebaja en la condena que en su día le impuso la sección octava de la Audiencia Provincial.

A pesar de que le asestó más de 20 puñaladas a su víctima, el reo mantiene que no actuó con premeditación y alevosía. Lo hizo sin pensar y presa de un momento de furia. Al menos eso es lo que defenderá la próxima semana su abogado ante los magistrados de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Los hecho sobre los que tendrán que volver a decidir estos magistrados tuvieron lugar en 2014. Fue entonces cuando la Policía localizó en un piso de Nuevo Roces el cuerpo sin vida de la víctima, un hombre al que había cosido a puñaladas con un cuchillo y un machete. La investigación de los agentes apuntó desde un primer momento al ahora condenado, que fue declarado culpable por el jurado popular que escuchó su declaración.

Los jurados no admitieron en su veredicto los argumentos del abogado de la defensa. Ni hubo legítima defensa ni Miguel Ángel D. L. tenía sus facultades alteradas por el consumo de droga. El reo había reconocido desde un primer momento la autoría del crimen. Lo que no admitió es que debería al fallecido una importante cantidad de dinero por el alijo de heroína que le había dado y que había utilizado para su consumo propio en lugar de venderlo.

"Yo no trabajaba para él, sólo me daba droga de vez en cuando. Aquel día discutimos, me calenté y me levanté del sofá. Lo maté, sí, lo apuñalé, también, pero lo hice para defenderme porque venía a por mi. Esos días llevaba muy descompensado el consumo de tranquilizantes", llegó a confesar el reo ante el jurado popular. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Asturias el que decida en torno a este caso. La abogada que representaba a los familiares de la víctima había pedido en su día una condena de 30 años de cárcel.