Los vecinos de la parroquia de Somió presentaron 41 alegaciones al Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (PESC) del total de 167 que se presentaron en el conjunto de Asturias. Desde Gijón se presentaron otras dos alegaciones, una respecto a la zona de la Campa Torres y la última sobre cuestiones generales del PESC.
Los tres kilómetros de costa que tiene la parroquia de Somió, concentran así cerca de una cuarta parte de las reclamaciones que se dan en un plan que afecta al conjunto del litoral asturiano. En Gijón, el plan de Costas afecta a un área de 2,88 kilómetros cuadrados, de los alrededor de 200 kilómetros cuadrados que protege en todo el litoral asturiano.
Los vecinos de la zona de La Providencia, en Somió, están esperando a que el Principado les notifique oficialmente a todos las respuestas a sus alegaciones, para decidir qué medidas toman, según explicó el representante vecinal Manuel Louzao. Tras recibir las contestaciones, convocarán una reunión vecinal para "estudiar lo que procede hacer". Los alegantes, buena parte de ellos asesorados por el mismo abogado, disponen de dos meses para actuar tras haber recibido las contestaciones.
Vayan a un contencioso o no por lo reflejado en el PESC para sus fincas, el planteamiento costero en el este de Gijón ya ha sido objeto de enfrentamientos judiciales entre el Ayuntamiento de Gijón y los propietarios del terreno. Varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) fallaron a favor de los propietarios, excluyendo sus fincas de la afección por el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), del que el PESC es un desarrollo.
Los terrenos incluidos en el plan de Costas tienen restricciones desde el punto de vista urbanístico, tanto para edificaciones que se hallan en ellos como para la utilización de las fincas.
El PESC, elaborado por el arquitecto Fernando Fernández Rañada, ha señalado la existencia de 40 edificaciones con un alto impacto negativo en la costa de Somió, de las cuales 13 son ilegales. Además, 8 de estas edificaciones incumplen la actual Ley de Costas estatal. Entre otras cosas, el PESC propone incrementar en un 70% el Parque del Cabo de San Lorenzo, en La Providencia, lo que conllevaría la expropiación de terrenos en algunos de los cuales hay viviendas construidas ilegalmente.
