La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha requerido a Enagás, S.A. (la principal compañía de transporte de gas natural en España) y al Ministerio de Industria, para que en el plazo de diez días informen por escrito a dicho tribunal sobre las actuaciones que han realizado o prevén realizar para la demolición de la planta de regasificación de gas natural del puerto exterior de El Musel, que nunca entró en servicio. Contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid cabe interponer recurso de reposición.
Tras las denuncias presentadas por varios colectivos ciudadanos contra la construcción de la planta de regasificación, en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la autorización administrativa para la construcción de dicha instalación, por lo que los demandantes consideran desde entonces que la sentencia debe conducir a su demolición.
Ya en el año 2008 la plataforma contra la regasificadora advertía de que la planta incumplía el radio legal de seguridad: 2.000 metros como mínimo con las viviendas más próximas, en este caso las situadas en el barrio de El Muselín.
La planta se construyó en terrenos de la ampliación de El Musel, después del compromiso adquirido, en septiembre de 2005, por el entonces presidente del Gobierno de la nación, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. La regasificadora fue incluida en el plan energético nacional en 2006, tras haber sido excluida por los gobiernos precedentes del Partido Popular, con el argumento de que la instalación no tenía justificación, dado que en Bilbao y en la ría de Ferrol ya había regasificadoras.
La construcción de la regasificadora del puerto exterior de El Musel costó 382 millones de euros y, en su día, era una de las piezas del denominado "polo energético" de El Musel, que también se fue al traste.
