29 de noviembre de 2016
29.11.2016
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Los excedentes de Naval Gijón reclaman 1,27 millones para solucionar el conflicto con despedidos y prejubilados

Instan a la Alcaldesa a mantener conversaciones con el Consejero de Industria y el Presidente de Pymar

29.11.2016 | 17:41

Los antiguos trabajadores del astillero Naval Gijón, cerrado en 2009, quieren que el Ayuntamiento, el Principado y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Pymar) aporten entre los tres los 1,27 millones de euros que serían necesarios para solucionar el problema de los 10 trabajadores con edades cercanas a los 60 años que no se pudieron prejubilar cuando cerró el astillero en 2009 y también para el abono de los complementos a los que sí se prejubilaron, como se hizo en otras empresas del sector.
Los antiguos trabajadores del astillero han propuesto a los grupos municipales que la Alcaldesa, Carmen Moriyón, con el apoyo de toda la corporación municipal, continúe con las gestiones necesarias hasta conseguir una solución para los exdentes del astillero, cuyo cierre fue asumido por los trabajadores en base a un acuerdo de la Consejería de Industria del Principado, el Ayuntamiento, UGT, CC OO y Pymar para recolocarlos, algo que inicialmente estaba previsto en Juliana Constructora Gijonesa, actualmente Armón Gijón.
Los extrabajadores de Naval Gijón exigen una solución a los 10 trabajadores con edades cercanas a los 60 años, que perciben 426 euros de paga al mes, menos de lo que cotizan por si mismos a la Seguridad Social para no ver devaluadas sus pensiones en el futuro. Además instana a solucionar las diferencias alariales de los complementos de los prejubilados que en otras empresas y astilleros ya tienen resuelto, entre ellos del de Juliana Constructora. La solución a ambos problemas supondría un costo de 1,27 millones de euros, cifran los antiguos trabajadores del astillero.
Los trabajadores quieren que el Ayuntamiento se reuna con el Consejero de Industria del_Principado, Francisco Blanco, y con el presidente de Pymar, el asturiano Álvaro Platero, para proponerles que entre las tres partes, que en su día firmaron con los sindciatos, afronten el pago de esos 1,27 millones de euros.

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