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Disputa por la tutela del menor que denunció a su padre por tráfico de estupefacientes

"Mataré a tu abuelo y luego a tu madre para que sufra, gritaba su padre al niño"

Pese a la orden de alejamiento sobre el menor y sus antecedentes, el progenitor mantiene la custodia compartida, a la espera de juicio

La madre del niño que denunció a su padre por tráfico de drogas. JUAN PLAZA

"¿Cómo es posible que con una orden de alejamiento siga con la custodia? ¿Por qué no se pierde automáticamente la custodia?". Dos preguntas sin respuesta a las que intenta encontrar sentido la familia materna del niño de doce años que alertó a la Policía Nacional el pasado lunes de que su padre vendía droga en su domicilio familiar de Gijón. Dos cuestiones que llegan después de varios meses de calvario y una última semana donde la situación saltó por los aires.

La historia comienza hace más de doce años, cuando la madre, que no muestra su rostro por proteger al niño y en lo sucesivo se la identificará con el nombre ficticio de Lucía, contrajo matrimonio con el ahora encausado por tráfico de drogas, que responde a las iniciales de R. F. R. "Es un encantador de serpientes, me quedé embaraza y por miedo a no seguir con el protocolo social me casé con él", explica. Un año después del alumbramiento, Lucía inicia los trámites de separación y le denuncia por malos tratos psicológicos, con posterior condena de 18 meses de cárcel, retirada del régimen de visitas y una orden de alejamiento de ella y el niño. Tras una apelación de la sentencia, la pena queda establecida en seis meses, se le devuelve el derecho de ver a su hijo Pelayo (nombre ficticio) y se mantiene la orden de alejamiento, pero sólo respecto a la madre. "Se la salta muchas veces", afirma ella.

Ante esa situación Lucía toma la decisión de huir a Canarias con su hijo "para protegerlo" saltándose el dictamen judicial, hasta que "una jueza me aprieta" y regresa después de dos años. Ante la presión, Lucía recae en su depresión, que intensificó, según explica, sus problemas de adicción porque "nunca dejó de hacerme la vida imposible". Entonces toma la determinación de ingresar en un centro de rehabilitación pasando la tutela de Pelayo al abuelo materno. Durante dos años vivieron juntos en Muros del Nalón. "Tardé en rehabilitarme, estaba muy hundida; él pidió la custodia para hacerme daño y la consigue porque la ley dice que tiene prioridad el padre ante los abuelos, pero también hay que ver qué padre es cada uno", reflexiona Lucía en voz alta y de forma tranquila y pausada.

R. F. R. consigue la custodia -revisable hasta que Lucía se rehabilite- cuando Pelayo cuenta con ocho años, pero con régimen de visitas para la madre (con supervisión del abuelo) de martes, jueves y fines de semana alternos durante dos años, hasta que Lucía se recupera de sus adicciones, como demuestran tanto los informes médicos de la clínica donde estuvo internada como del equipo psicosocial de los Juzgados de Gijón. Momento en que los familiares maternos de Pelayo intentan de mutuo acuerdo modificar las medidas de custodia existente. "Delante de nosotros él nos dijo que lo que quisiera el niño", apunta Lucía. Pero justo después de que Pelayo expresara que prefería ir con su madre, llega una denuncia del padre por impago de manutención y le exige 7.762,26 euros en concepto de atrasos de dicha pensión. Solo así accedería a ceder la custodia. Tal era la presión por salvaguardar la estabilidad emocional del niño que el abuelo materno optó por pagar y acabar con el problema, pero entonces F. R. F. sumó a su petición otros cuatro mil euros, motivo por el que están pendientes de juicio.

De seis meses para acá Pelayo comienza a contar lo que vive en la vivienda familiar de su padre. "Os voy a matar a tu abuelo, y al que está con tu madre. Y a tu madre la mato la última para que sufra más", denuncia Lucía que su exmarido le gritaba a su hijo. "Ojalá os estrelléis en coche", también. A eso, ya denunciado, se suman vasos de agua con hielo en la cara del niño para despertarle tras dormirse en una sidrería, insultos, tirarle la ropa al váter, o esconderle el teléfono para que no se comunique con su madre. Actos "tanto del padre como de su actual pareja", según refleja la denuncia. No obstante, "la justicia le consideró apto y no nos hicieron ni caso, pese a que mi niño no podía más". Hasta el lunes, que llegó el detonante.

Los hechos se precipitaron al comienzo de esta semana. El menor se puso en contacto con su familia materna para implorarles que le hiciesen llegar un teléfono para combatir la situación de aislamiento al que le sometía su progenitor. Éstos le hicieron entrega de un móvil en el colegio del que hizo uso a las cuatro y cuarto de la tarde para alertar al 091 de que se encontraba sólo en el domicilio y con temor porque varias personas extrañas estaban llamando al timbre. Los agentes que se personaron en la vivienda encontraron 72,9 gramos de cocaína repartida en 16 envoltorios, una báscula de precisión y 1.900 euros provenientes, presuntamente, de la venta de estupefacientes. Tras localizar al acusado en su puesto de trabajo, fue detenido y llevado a comisaría. El presunto traficante pasó a disposición judicial el mismo lunes mientras que la policía entregaba al menor a su abuelo materno ante la imposibilidad, por cuestiones laborales, de que la madre se hiciese cargo de él en ese momento.

El martes pareció volver la normalidad hasta que el miércoles creció el miedo en la familia materna. Lucía y su pareja acudieron a comisaría para interesarse por la situación. Allí les remitieron al Juzgado, donde después de muchas preguntas encontraron como respuesta que el padre del niño había sido puesto en libertad con cargos y con la obligación de personarse en el juzgado los días 15 de cada mes. "¿Cómo dejan al padre en libertad sin prevenir a las víctimas?", reflexiona Lucía con incredulidad e inquietud.

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