La negociación no pasa por un barrio degradado más para rehabilitar, ni por planes de empleo con más beneficiarios, ni por poner en marcha un paquete de mejoras en los barrios. Ahora mismo la posibilidad de que el Ayuntamiento de Gijón tenga unos presupuestos en 2017 pasa porque el gobierno forista de Carmen Moriyón asuma el compromiso de dedicar cerca de ocho millones de euros a poner en marcha lo que en un principio se denominó simplemente renta social municipal y ahora lleva el nombre de "plan de emergencia social. Renta social municipal". La exigencia se la han impuesto Xixón Sí Puede e IU a Foro como "requisito indispensable" para cambiar el no que ambos grupos -junto al PSOE- dieron a los presupuestos de Foro para 2016 tumbándolos.
Gijón no es el primer ayuntamiento de España donde se habla de renta social municipal. A mediados de junio La Coruña se convertía en la primera ciudad de España en contar con esa herramienta para cubrir necesidades básicas de las familias. Tres días después seguía su estela Santiago de Compostela con la renta municipal de garantía básica ciudadana. Y aunque XSP e IU se han fijado en el modelo gallego su intención en Gijón es ir mucho más allá adaptando el concepto a la realidad asturiana y ampliando la capacidad de cobertura a más colectivos. "Esto no es igual a nada. Hemos querido ser ambiciosos y llegar a más, ir a máximos", explica Estefanía Puente, concejala de Xixón Sí Puede.
Un ejemplo de ese ir a más es que tanto en La Coruña como en Santiago uno de los requisitos que se exigen a los beneficiarios de esta renta es no tener derecho a la denonimada Risga, la renta de inclusión social de Galicia. Sin embargo en el proyecto gijonés sí hay cabida para los beneficiarios del salario social básico que da el Principado de Asturias.
Encaje legal
Xixón Sí Puede e IU, que han tenido que ir limando diferencias sobre su visión de este proyecto hasta encontrar un punto de consenso, ya han explicitado que definir al milímetro la acción y ponerla en marcha es cosa de Foro."Nosotros somos oposición. Quien tiene la obligación de desarrollarla y los medios técnicos para hacerlo es el equipo de gobierno pero estaremos vigilantes", recalca Ana Castaño, concejala de IU. Pero ambos grupos tienen claros elementos sustanciales que quieren ver reflejados en el procedimiento.
Para empezar que este nuevo plan de emergencia social se inicia en 2017 con carácter de "proyecto piloto" y abierto a los cambios que sean necesarios pero con la idea de consolidarse en la dinámica municipal de atención social a los gijoneses. El objetivo es claro: garantizar que los gijoneses en peor situación tengan cubiertas sus necesidades básicas. Y aquí entran alimentación, vestuario, transporte, atención a la vivienda, cuidados básicos personales...
El plan se organizaría en dos líneas de trabajo. Una primera pensada para aquellas personas sin ingresos o con ingresos insuficientes y que están excluidas del salario social por incumplir alguno de los requisitos. El salario social, por ejemplo, exige un mínimo de dos años de empadronamiento y está pensado de manera general para mayores de 25 años. Los excluidos por estas vías tendrían derecho a esta ayuda municipal. Esta sería una renta social municipal al estilo gallego.
Y luego estaría una segunda línea de actuación que parte de la idea de aunar, modificar y ampliar todas las ayudas de emergencia que ahora mismo tiene el Ayuntamiento. En lugar de obligar al potencial beneficiario a presentarse a cada convocatoria de cada ayuda y estar pendiente de cada concesión se analizaría el global de sus necesidades y se le daría un tratamiento integral calculando una ayuda finalista a dar en un pago único o fraccionado, según la cuantía. Habría ayudas para suministros básicos, equipamiento de vivienda, electrodomésticos, alojamiento, transporte, gastos farmacéuticos básicos, prótesis dentales u oftalmológicas... Aquí tendrían cabida los beneficiarios del salario social y se está dando vueltas para ver el encaje legal de quienes tienen otros ingresos, por ejemplo, una pensión no contributiva.
Que sean ayudas finalistas y ayudas de emergencia son elementos básicos para garantizar su encaje legal sin entrar en problemas de compatibilidad con el salario social del Principado. Evitar una guerra competencial con el Principado es el motivo de que a IU le chirríe tanto la denominación de renta social que se defiende desde Xixón Sí Puede. IU tiene en mente otras palabras y otros modelos. Por ejemplo un sistema similar al de la tarjeta solidaria del Ayuntamiento de Barcelona que facilita hacer las compras en comercios de la ciudad a sus beneficiarios.
Menos burocracias
A la hora de hablar de dinero la vista se coloca en los 532 euros mensuales que marca ahora mismo el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) con su correspondiente corrección en relación al número de miembros de la unidad familiar. Distribuidos de una u otra manera según las necesidades de cada uno y las ayudas a las que tenga derecho la intención es que ningún gijonés tenga que vivir con menos de ese dinero.
Otra exigencia de sus promotores es que el acceso a estas ayudas no obligue a una contraprestación y que se eliminen al máximo trabas burocráticas optando por requisitos sencillos y los justificantes mínimos necesarios. A ello se uniría la idea de que la gestión de estas ayudas salga del ámbito de responsabilidad de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para aligerar su carga de gestión de papeleo y facilitar una mayor dedicación al trabajo de intervención social de su personal.
Ahora la pelota está en el tejado de Foro que ya asumió hace unas semanas dar cabida a la renta social en el presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales con una cuantía de 3,6 millones. PP y Ciudadanos han mostrado sus reticencias al proyecto y desde el PSOE su edil José Ramón García aseguraba ayer que "no tenemos problemas con las políticas de renta, podríamos estar de acuerdo si ellos (por IU y XSP) se aclarasen sobre qué es lo que quieren". Lo que no tiene el PSOE es confianza en que Foro pueda cumplir el reto.
