El Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional retomó ayer la toma de declaraciones de testigos en el "Caso Musel" que investiga supuestas irregularidades en torno a la ampliación del puerto gijonés.
Ayer fue el turno de cinco testigos, los técnicos de Puertos del Estado Juan Ignacio Grau Albert, Ana Lope Carvajal y Rolando Lago Cuervo (que fue también consejero de la Autoridad Portuaria de Gijón) y los técnicos de Técnica y Proyectos, S. A. (Typsa), la empresa que realizó la asistencia técnica a la dirección de obra, José Ignacio Calzada Movilla y Beatriz Padilla Moral, aunque ésta última no acudió alegando que se encuentra en Uruguay por motivos laborales.
Fuentes de la defensa de los investigados señalaron a la conclusión de las declaraciones que el técnico de Typsa, José Ignacio Calzada Movilla, señaló en su relato que los controles realizados por su empresa se realizaron "de manera rigurosa", ya que ejercían también de asistencia técnica de la obra, y que se cuantificó exactamente cada metro cúbico de material empleado. Otras fuentes presentes en la causa, sin embargo, apuntaron a que el técnico no fue tan taxativo a la hora de calificar el tipo de material utilizado y que si bien éste afirmó que se controlaba la mayoría del material empleado "en algunos controles hubo cierta improvisación".
El resto de la jornada la completaron tres técnicos de Puertos del Estado. Rolando Lago Cuervo, actual director de Recursos y auditorias de Puertos del Estado y exconsejero de la Autoridad Portuaria de Gijón en representación de Puertos del Estado, declaró que su labor en aquella vino a ser la de enlace entre El Musel y el Ministerio de Fomento supervisando y dando el visto bueno en su caso a los informes que aprobaba el Consejo de Administración de El Musel, además de controlar las auditorías e informar de las posibles subvenciones a las que podrían adherirse las obras de ampliación.
Los otros dos técnicos de Puertos del Estado que testificaron ayer fueron Rolando Ignacio Grau y Ana Lope Carvajal, los que junto a Gonzalo Gómez Barquín, quien ya declaró hace unas semanas, formaron parte de la comisión técnica que valoró el proyecto de la ampliación y le dio el visto bueno, aunque no de forma vinculante. Ambos declararon que no cuestionaron los dos informes presentados por los responsables de El Musel -el original y el modificado- en los que figuraban, entre otros datos, las previsiones de precios y los materiales que se usarían en la ampliación e informaron favorablemente de ambos a sus superiores en el Ministerio. Según los representantes de la acusación popular de Ocan, en el primer informe ya se apuntarían varias deficiencias técnicas a la hora de obtener materiales que derivaron en la necesidad de confeccionar el segundo informe modificado al que los técnicos de Puertos del Estado dieron igualmente su plácet al no cuestionar los datos suministrados por el Puerto.
El próximo lunes están citados a declarar como investigados el expresidente del Puerto, Fernando Menéndez Rexach, y el Abogado del Estado Jefe de Asturias, José María Alcoba Arce. Rexach, que comparece a petición propia, declarará por segunda vez en el Juzgado como ya hiciera el exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato. Alcoba declarará como investigado a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que lo considera "cooperador necesario" para que el Consejo de la Autoridad Portuaria aprobara los sobrecostes además de cuestionar su actuación en la adjudicación de la obra a la UTE Dique Torres. La defensa había pedido que Alcoba declarara como testigo.
