Una comisión integrada por dos técnicos de la Autoridad Portuaria de Gijón y otros dos de Puertos del Estado se encargarán de elaborar el nuevo cuaderno de ventas de la terminal de graneles sólidos de El Musel, Ebhisa, que tendrá que estar listo el próximo mes de septiembre. El Plan de Empresa del Puerto, que mañana vota su Consejo de Administración, incluye unos 20 millones de euros de ingresos en 2018 por la privatización de la terminal.

Esa fecha límite es el acuerdo pactado por el Puerto y Madrid, que inicialmente plantearon fechas divergentes, proponiendo varios meses de adelanto Puertos del Estado para acelerar la venta y alejándola en el tiempo la propuesta de la Autoridad Portuaria para demorarla, dado que el Puerto es reacio a la privatización de la principal terminal de El Musel, en la que posee un 68,8% de las acciones (su peso real en el accionariado es del 75,68 después de que Ebhisa absorbiera a Oligsa, empresa que poseía un 10% de la terminal granelera). Los otros accionistas son ArcelorMittal, HC Energía y Masaveu. El principal cliente de la terminal, con diferencia, es la multinacional siderúrgica.

Los argumentos que ha utilizado la Autoridad Portuaria para echar abajo el anterior cuaderno de ventas es que en el mismo no se aclaraban tres cuestiones jurídicas que podrían derivar en posteriores reclamaciones contra la Autoridad Portuaria por parte del futuro adjudicatario.

Por un lado, el pliego desechado no recogía que Ebhisa es una terminal dedicada, esto es, que sólo puede descargar mercancías para sus socios y enviársela por cinta o por ferrocarril. Se trata de una condición que figura sobre el papel, pero no en la práctica, dado que la terminal granelera tiene múltiples clientes que no son accionistas de la misma y a parte de ellos se les envían los graneles en camiones. Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Lissan o Química del Nalón son algunas de las compañías ajenas a Ebhisa que descargan carbón en la misma.

Otro de los reparos planteados a los viejos pliegos es que no hacían referencia a que el artículo 121 de la Ley de Puertos fija que ningún estibador puede manipular más de la mitad del tráfico total de un puerto, mientras que por Ebhisa pasa alrededor del 74% del tráfico de mercancías de El Musel. Actualmente Ebhisa no se considera empresa estibadora, pero su privatización haría que pasara a serlo, lo que haría que el accionista mayoritario tuviese una posición dominante en El Musel.

El tercer punto que no se aclaraba en el pliego desechado es que Ebhisa se constituyó en 1991 como una empresa pública con un plazo para operar de 90 años, que vence en 2080. Sin embargo, una vez privatizada, la concesión actual que concluye en 2029 no tiene por qué ser obligatoriamente renovada por el Puerto.

A todos estos aspectos que se tendrán que aclarar en el nuevo cuaderno, se unen los cambios que habrá en la tasación de la empresa, que está acometiendo una inversión de 8,3 millones de euros en la compra de una grúa automóvil con tolva ecológica.

El intento de 2010

Ebhisa es la única terminal portuaria pública que queda en España. La Ley de Puertos de 2003 obliga a su privatización. En marzo de 2012 el Consejo de Ministros incluyó Ebhisa entre las 45 empresas afectadas por el plan de reestructuración y racionalización del sector público.

El cuaderno de ventas inicial preveía la venta sucesiva de tres paquetes accionariales entre 2013 y 2015 por un total de 10 millones de euros. Tal como se había redactado, impedía que concurrieran a la privatización las empresas portuarias de capital español. Aquel primer pliego ya se modificó en 2015 a petición de una asociación de operadores portuarios españoles, para eliminar aquella traba. El plan inicial para la privatización preveía vender en una segunda etapa los pórticos y las cintas que maneja Ebhisa, que son propiedad del Puerto, por otros 30 millones de euros. Uno de esos pórticos fue declarado siniestro total tras un accidente a principios de año.

El Puerto ya intentó vender su paquete en Ebhisa cuando estaba ejecutando la obra de ampliación de El Musel, para aligerar su deuda. En 2010 encargó a la consultora británica EC Harris su venta por 150 millones de euros. En una segunda etapa bajó el precio a 70 millones y luego a 50, sin recibir ninguna oferta.