El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Gijón decidió en su reunión de ayer rechazar las alegaciones que había formulado Enagás Transporte para intentar evitar que le aplique una penalización de más de 1,3 millones de euros al no haber cumplido con los tráficos mínimos comprometidos por el operador logístico cuando el Puerto le otorgó la concesión para construir y explotar la regasificadora de El Musel.
Los consejeros ratificaron la decisión de que se facture a Enagás más de 1,3 millones de euros como penalización por falta de tráficos en los años 2013, 2014 y 2015. No sólo eso, sino que el consejo también acordó la incoación de un nuevo procedimiento para la liquidación por la penalización por falta de tráficos en 2016, que ascenderá a otros 450.000 euros.
La regasificadora de El Musel acabó de construirse a finales de 2012, pero no ha llegado a entrar en servicio desde entonces. Por un lado, la planta fue "hibernada" por decisión del Gobierno central ante el exceso de capacidad de almacenamiento de gas licuado en España tras el inicio de la crisis económica. El argumento del Gobierno es que la entrada en servicio o autorizaciones para nuevas infraestructuras gasistas se traducirían en un incremento de los costes del sistema, que acaban repercutiendo en los consumidores. En segundo lugar, el Tribunal Supremo ha dictado sendas sentencias que declararon nula la autorización administrativa a la planta, al estar a menos de dos kilómetros de núcleos habitados, lo que incumplía el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp), vigente cuando se autorizó.
A mediados del pasado mes de noviembre, Enagás había presentado un recurso contra el inicio por la Autoridad Portuaria del procedimiento para la liquidación de la penalización por falta de tráficos entre 2013 y 2015, que había puesto en marcha el consejo del Puerto en su reunión del 20 de octubre.
El operador logístico apoyaba su recurso en el Real Decreto Ley 13/2012, que suspendía la tramitación de nuevas plantas de regasificación en territorio peninsular, hibernando la regasificadora de El Musel. Enagás sostenía que la obligación de aportar unos tráficos mínimos al Puerto está relacionada con la entrada en servicio de la instalación, que no se ha producido por motivos justificados. Un argumento que no ha sido suficiente para el Puerto.
El consejo también tomó otra decisión relacionada con el gas, dando el visto bueno a los pliegos para la prestación del servicio comercial de aprovisionamiento de gas natural licuado a buques que lo utilicen como combustible.
Por otro lado, el consejo de El Musel también aprobó ayer el pliego para la tasación y posterior venta mediante subasta de su antigua sede en la calle Claudio Alvargonzález. Se trata de dos edificios anexos, su sede histórica construida en 1909 y el edificio anexo levantado en 1982, que suman 2.864,88 metros cuadrados con una parcela enfrente de 877 metros cuadrados, con capacidad para aparcar 20 vehículos.
El inmueble ha sido tasado tres veces para su venta. La primera, en 2012, se valoró en 5 millones de euros y la última tasación fue de 3,3 millones. Distintos inversores se han mostrado interesados por el inmueble, en dos casos respaldados por cadenas hoteleras que se encargarían de la gestión del edificio reconvertido como hotel de cinco estrellas.
Plan de empresa
El consejo también aprobó el nuevo plan de empresa, que contempla la venta de la sede histórica y de la parcela del Puerto en el solar de Naval Gijón en 2017. La información sobre el expediente para la venta de esta parcela, que se había previsto tratar en la reunión de ayer, fue un punto retirado finalmente del orden del día. El plan de empresa también contempla ingresar unos 20 millones de euros por la venta en 2018 de las acciones de la Autoridad Portuaria en la terminal de graneles sólidos de El Musel, Ebhisa.
Otras de las cuestiones aprobadas por el consejo fueron el procedimiento de ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo y coordinación y control de las operaciones asociadas a los servicios portuarios, comerciales y otras actividades en el Puerto; la tramitación ante Puertos del Estado del convenio de colaboración entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Gijón para la prevención y extinción de incendios en el recinto portuario; y la modificación sustancial de la concesión de Galp España para una estación de suministro de hidrocarburos a vehículos.
