La depuradora del este fue uno de los asuntos tratados hoy en la reunión que mantuvieron en Madrid la Ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina y la consejera asturiana del ramo, Belén Fernández, un encuentro en el que la ministra tuvo una actitud "de receptividad a los temas planteados y de predisposición a buscarle soluciones", según explicó la Consejera de Medio Ambiente.

Fernández indicó que en el encuentro "se habló de la solución jurídica definitiva a la depuración de la zona este de Gijón. Esto exige diligencia en los trámites para hacer lo antes posible la declaración de impacto ambiental como exigió el Tribunal Supremo. Según las estimaciones que baraja el Ministerio, si no surgen incidencias sobrevenidas, podría estar dicha declaración de impacto medioambiental en torno a abril del año 2018", agregó la Consejera.

Además de abordar los plazos para que esté concluido el trámite ambiental que está repitiendo la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, al haber anulado el Tribunal Supremo el primer estudio de impacto ambiental, la consejera señaló que "fuimos claros en la posición que venimos manteniendo, aunque Medio Ambiente sigue desde agosto a la espera de la resolución judicial para poner a funcionar la planta construida" de forma provisional, como han solicitado desde el Ministerio a la Audiencia Nacional (tribunal que ejecuta la sentencia), "ese compás de espera ministerial no es a nuestro juicio suficiente ante un grave problema ambiental que están padeciendo la ciudad y las aguas del Cantábrico con los vertidos sin depurar que ahora mismo está recibiendo", recalcó Belén Fernández.

Ese fue el argumento que ayer planteó en su reunión con Tejerina para pedir al Ministerio "que en paralelo trabajen en una hoja de ruta para una solución provisional en base a una de las opciones de pretratamiento de las aguas que elaboramos desde el Principado", consistente en instalar sistemas portátiles de desengrasado y desarenado en la Plantona, para suplir los que en su día se demolieron al haber incorporado esa parte del tratamiento de aguas a la depuradora. Esta última instalación no ha podido entrar en funcionamiento y ahora el Principado plantea que "si la Audiencia Nacional no permite activar la nueva instalación, pueda hacerse el vertido al menos con un desarenado y un desengrasado previo como se hacía antes de construir la nueva planta. Tejerina creo que ha entendido la conveniencia de la propuesta y se ha comprometido a avanzar en la hoja de ruta para llevarlo a cabo con todas las garantías jurídicas".