Tenía que haber acudido a declarar como testigo en el "Caso Musel" el 18 de junio de 2015 y casi un año y medio después sigue sin estar localizable para la Audiencia Nacional, que hace más de siete meses lo declaró imputado. Se trata de Isidro Alonso Sierra, uno de los exgerentes de la UTE Dique Torres, que además llevó la contabilidad de la Unión Temporal de Empresas durante buena parte de la existencia de la misma.
Mientras otros directivos de Dique Torres y de las empresas que integran la UTE (Dragados, FSP, FCC, Sato y Alvargonzález Contratas) sí acudieron a declarar como testigos o como investigados, el excontable de la UTE no pudo ser emplazado por el juzgado a través de las empresas.
El 22 de julio de 2015 el fiscal pasó a solicitar que el juzgado emplazara a Isidro Alonso Sierra como investigado al haberse ocupado de la gestión fiscal y administrativa de Dique Torres tras el cese como gerente de la misma de Juan Miguel Pérez Rodríguez, quien en una de sus declaraciones en el juzgado había indicado que la UTE había realizado contraprestaciones sin facturar para Tudela Veguín, además de comprarle el cemento de la obra, a cambio de la obtención de piedra de la cantera de la cementera en La Hoya y en el desmonte de Peña María.
El juzgado central de instrucción número 3 rechazó inicialmente aquella petición del fiscal para incluir en la instrucción del "Caso Musel" los supuestos pagos en especie a Tudela Veguín. La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó dando la razón al fiscal en un auto de mayo de 2016, fecha desde la que el excontable figura como investigado en la causa.
Según las fuentes consultadas, el excontable de Dique Torres parece estar residiendo fuera de España. Su comparecencia ante la magistrada Carmen Lamela es una de las actuaciones pendientes en la instrucción judicial. Alguna de las partes en el proceso ha llegado a sugerir que se tomen medidas para garantizar la comparecencia del investigado.
