"Es muy triste tener que acudir a la caridad para sobrevivir tras volver a tu país de origen". Esa es la dura conclusión a la que han llegado cientos de pensionistas y jubilados retornados de Venezuela y que actualmente viven en nuestro país, gran parte de ellos en el Principado.
Su historia se podría resumir en la de Juan José González, un asturiano de nacimiento que, en los años 50, con apenas 6 años, emigró a Venezuela junto con su familia poniendo tierra de por medio en busca de mejores condiciones de vida. Una decisión dura pero necesaria, determinada por las penurias que se vivían en España.
A la llegada a Venezuela, con gran esfuerzo diario, las familias consiguieron un cierto ascenso social que permitió a personas como González poder obtener un título universitario y ejercer una profesión alejada del campo o la industria, sectores a los que estaban condenados haberse quedado en Asturias. Esa promoción social se hizo patente en sus hijos, quienes también tuvieron oportunidad de poder acceder a una formación universitaria, algo que en nuestro país quizá hubiera sido más complicado.
A fin de cuentas, españoles que dejaron atrás su país, con gran dureza, para poder tener una vida mejor, la que encontraron en Venezuela. "Somos españoles emigrados que, con nuestro trabajo, ayudamos a levantar nuestro país", explica su esposa, Julia Rodríguez, ya que "desde Venezuela enviábamos dinero constantemente a nuestras familias, para que salieran adelante aquí en España".
Sin embargo, su sueño se truncó cuando "unos ladrones encañonaron a nuestro hijo para robarle un móvil", como explica, con lágrimas en los ojos, González, "ahí fue cuando nos dimos cuenta que nos teníamos que ir de Venezuela, que no podíamos vivir en esa situación, con esa enorme inseguridad, siempre con miedo en el cuerpo".
Y de nuevo, la huida. Ya no de una mala vida, ni de una situación económica adversa -todo lo contrario-, sino de una existencia marcada por el pánico y el terror.
"Para volver a España vendimos todas nuestras posesiones", relata González, "el piso, los coches, todo", pero ahí surgió el primero de los problemas, ya que de forma oficial les fue imposible conseguir divisa extranjera, por lo que tuvieron que comprarla en el mercado negro, "a un precio mucho menor de su valor real, apenas un 10% y, además, exponiéndonos a que nos lo quitaran", asevera Rodríguez, ya que en el país sudamericano "la corrupción es enorme, a todos los niveles de la sociedad". Y precisamente con ese dinero es con el que llevan viviendo los últimos 13 meses, desde que el estado venezolano no paga a los jubilados la pensión que les debe.
"Estamos en una situación límite, nuestros ahorros se han esfumado en apenas un año entre los vuelos de toda la familia y la vida en España", asegura Rodríguez. "Actualmente vivimos de una ayuda que nos otorga el Ayuntamiento de Gijón", 540 euros que han de repartir entre ambos, una cifra que no les alcanza para sufragar los gastos corrientes, los del día a día. Por ello, "nos hemos visto abocados a acudir a la caridad, que nos proporciona comida para salir adelante", apostilla González, de nuevo con inevitables lágrimas en sus ojos, lágrimas de impotencia que se preguntan por qué después de una vida de duro trabajo, se ha de ver en esa situación extrema.
Una realidad que coincide con la de Maritza Borges, quien nació en Venezuela pero desde 2008 está nacionalizada española. "Me fui de mi país en busca de una vida mejor, más relajada, más acorde con mi edad", analiza, "y la encontré en España". Pero eso fueron solo los primeros años, ya que a partir de 2015, la historia cambió.
"El estado venezolano no nos paga nuestras pensiones, estamos viviendo de nuestros ahorros y no sé lo que aguantaremos", asevera Borges, a lo que se suma que "mi esposo está enfermo". Por ello, "hemos vuelto a mandar todos los papeles en regla, intentando que se nos responda desde Venezuela, que se nos explique por qué no se nos está pagando esa pensión que necesitamos para vivir".
Ese pago, debería hacerse efectivo cada mes, ya que Venezuela tiene firmado con España un convenio bilateral en el que se comprometen, un país y otro, a realizar estos pagos relativos al bienestar social. De este modo, estas personas no pueden cobrar una pensión en España ya que, a efectos legales, la está recibiendo de Venezuela, pero en la práctica no es así, es un pago ilusorio que no se hace efectivo desde hace ya más de un año.
"Falta voluntad política por parte de España para arreglar esta situación", coinciden los retornados, que instan al Gobierno a presionar a la administración venezolana para encontrar una solución.
De otro lado, también confían en que, si no pueden acceder a las ayudas venezolanas, puedan hacer lo propio con las españolas. "Es muy complicado", enfatizan, ya que, por ejemplo, para acceder a una ayuda del Principado "se nos piden 10 años de residencia, lo cual es un muro infranqueable para nosotros". Aunque sí es cierto que "queremos agradecer a la Directora General de Emigración y Cooperación al Desarrollo del Principado su apoyo, que nos está siendo de gran ayuda".
Así, Begoña Serrano les está guiando en los procedimientos a seguir para tener un respaldo jurídico que demuestre que, efectivamente, no están recibiendo esas ayudas desde Venezuela, una información que, cada miércoles por la mañana en el Centro Municipal Integrado de La Arena, la asociación ASOPEVE de pensionistas y retornados venezolanos trata de hacer llegar a todas las personas que sufren esta misma situación.
"No pedimos nada regalado, pedimos simplemente un derecho que nos pertenece", finaliza Rodríguez, con un deje de esperanza en la voz que no deja de estremecer. La voz de las personas que se sienten abandonadas a mitad de camino, en tierra de nadie, entre Venezuela y España.
