El Plan General de Ordenación (PGO) vuelve a la primera línea del debate político en el Ayuntamiento de Gijón. Tras unos meses de labor interna del equipo redactor, ayer llegaba a comisión municipal el estudio del informe de alegaciones al documento de aprobación inicial. El texto que vio la luz verde en el Pleno de febrero del año pasado, con el apoyo de todos los grupos municipales excepto el PSOE, dio lugar a 1.499 escritos de ciudadanos y colectivos. La reunión de ayer sirvió, por un lado, para que los ediles pudieran escuchar por boca de Javier Domingo, jefe del servicio técnico de Urbanismo de Gijón, la primera parte de un informe elaborado por los técnicos municipales donde se enumeraron fallos del documento de aprobación inicial que serán corregidos de oficio en esta fase del proceso. Y, por otro, para recibir de manera ordenada la veintena de alegaciones (en algunos casos una alegación se corresponde con varios alegantes al ser copias de un mismo modelo), cuya estimación o desestimación han dejado los técnicos del equipo redactor en manos de los concejales del Ayuntamiento.

El tratamiento de la fachada marítima de El Natahoyo, con especial énfasis en los usos de los suelos de Naval Gijón, Juliana y el Tallerón, es el elemento de mayor controversia con alegaciones en sentidos muy contrarios. Además de personas a título individual, sobre esta zona hay alegaciones de la Autoridad Portuaria, la asociación vecinal "Pando", la Unión de Comerciantes, la Corriente Sindical d´Izquierda (CSI) y Pymar. Unos en favor de blindar los usos industriales actuales, otros exigiendo redefinir el espacio, algunos pidiendo el uso residencial de baja densidad, por poner ejemplos.

A decisión política quedan también alegaciones sobre el uso del suelo de Mina La Camocha como polígono agrario, la reivindicación de Arcelor Mittal sobre las limitaciones para su expansión que supone incorporar parte de su suelo como área ambientalmente protegida y las referencias de la Autoridad Portuaria a terrenos de su competencia. Sin olvidar escritos presentados por entidades vecinales como el Muro de Cabueñes, la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural, Nuevo Roces o La Providencia en sus ámbitos territoriales. Los redactores del Plan también dejan en manos de los ediles responder a las cuestiones más genéricas que presenta la Plataforma contra la Contaminación en Xixón, Equo y la Coordinadora Ecologista. Hay también alegaciones a debatir sobre usos comerciales, quintanas o equipamientos específicos.

A esas decisiones políticas hay que sumar las correcciones de los fallos detectados por el equipo municipal. En su discurso, el técnico del Ayuntamiento plantea matices, entre otros, a establecer sobre la edificacibilidad decidida para Cabueñes que considera baja, la construcción en pendiente en El Muselín o las 26 alturas de las cuatro torres de Nuevo Roces que entiende debe ser inferior. No son los únicos. También hubo alusiones en ese informe verbal a reformas en los sistemas generales de zonas verdes.

"Nos llama la atención del informe que reconozca que hay muchos errores en el documento de aprobación inicial que hay que rectificar. Algunos los dijimos nosotros por activa y por pasiva sin que el gobierno nos escuchase como la necesidad de cambiar la calificación del suelo de la zona de ampliación del Parque Tecnológico, la ausencia del vial de acceso a Jove o la necesidad de que el terreno de la Zalia estuviera reflejado", explicaba ayer la socialista Begoña Fernández tras salir de la reunión.

A David Alonso, de Xixón Sí Puede, no le preocupa tanto ese grado de errores "que siempre hay en procedimientos así" como conseguir un alto nivel de comunicación entre los políticos "y que se llegue a acuerdos sin tener que ir de votación en votación". Acuerdo entre políticos fue también el mensaje de Fernando Couto, responsable del Plan General de Ordenación desde el gobierno de Foro, que hizo un llamamiento expreso al PSOE. Entiende Couto que un documento aprobado por unanimidad tendrá mayor seguridad jurídica. Y otro mensaje: "no hay prisa". Aunque la idea inicial era solventar el estudio de alegaciones en dos sesiones de trabajo y llevarlo al Pleno de febrero, se ha levantado el pie del acelerador. Ahora el horizonte es marzo.

Y aunque ya había voluntad de tener un segundo periodo de información pública sobre el documento de aprobación inicial, ayer los técnicos concretaron que sería imprescindible ya que los cambios a incorporar al documento aprobado en el Pleno iban a ser de carácter sustantivo.