Al margen de la resolución final que se tome sobre las 1.499 alegaciones presentadas al documento de aprobación inicial del Plan General de Ordenación (PGO) y de la voluntad política que hubiera de ampliar los procesos de participación ciudadana, los técnicos municipales consideran obligatorio un nuevo proceso de información pública del documento urbanístico ante las reformas sustanciales a acometer. Unas, por los necesarios cambios de oficio ante los "múltiples" errores detectados en el texto; y otras por la incorporación de elementos de aplicación procedentes de los informes de otras administraciones. A punto de cumplirse un año de la aprobación inicial del PGO en el Pleno, el proceso vuelve a la casilla de salida: un nuevo documento (que se sugiere llamar documento de aprobación provisional ) a someter a una nueva información pública durante dos meses para que los ciudadanos puedan tramitar nuevas alegaciones y generar un nuevo documento.

Esta reflexión aparece en el borrador del informe de los servicios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento que se presentó ayer a los ediles en la comisión municipal extraordinaria sobre el PGO. Una comisión donde se decidió ampliar el compendio de alegaciones que van a pasar por este foro político. Sobre el total de las alegaciones recibidas, los redactores del Plan habían dejado la determinación de estimación o desestimación de una veintena a "decisión política". Esas eran las que se iban a revisar en esa comisión y que hacían referencia a los ámbitos de mayor discrepancia, como el diseño de la franja marítima de El Natahoyo. Ayer se optó por elevar ese repaso a unos sesenta aspectos urbanísticos al incorporar nuevas alegaciones a petición de PSOE e IU. Alegaciones presentadas por partidos políticos, colegios profesionales, el movimiento vecinal o la patronal de la construcción. No es tanto cambiar la determinación técnica ya decidida por el equipo redactor como aclarar dudas y criterios. Los munícipes se han fijado dos sesiones en febrero para analizar y votar los temas donde no se llegue a un acuerdo.

Pero al margen de las alegaciones, están las cuestiones de oficio a acometer. El informe habla, por ejemplo, de la necesidad de acometer una profunda revisión de las denominadas áreas de planeamiento incorporado ya que "existen errores, grados en el desarrollo y problemas de contenido o conceptuales", de matizar la reserva del 30% para viviendas protegidas, de incorporar ajustes procedentes del Catálogo Urbanístico y de rehacer el informe económico-financiero.

También detectan los técnicos del Ayuntamiento "múltiples errores" en la configuración de los sistemas generales y los sistemas locales. Dice el informe: "los sistemas generales conforman la estructura del PGO por lo que formalmente su cambio, aunque sea con objeto de subsanar errores, podía por si mismo considerarse variación sustancial e implicar una nueva información pública".

Otros ajustes o correcciones sugeridos por Urbanismo tienen que ver con fichas vinculadas al Molinón (para recoger como compatible el uso terciario en planta baja), las calificaciones de sistema general ferroviario, la depuradora del Pisón, El Muselín, la clarificación de los espacios de ámbito universitario, la calificación del suelo de La Pecuaria donde irá la ampliación del Parque Científico-Tecnológico o la situación de los sistemas generales portuarios. En el informe también hay referencias a las fichas urbanísticas del Tallerón, Juliana y la finca Bauer y el Infanzón que fueron motivo de bronca política en el propio Pleno donde se dio luz verde al documento de aprobación inicial.

En cuanto a los denominados informes sectoriales, los técnicos del Ayuntamiento dan respuesta a peticiones llegadas desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Autoridad Portuaria, diferentes consejerías del Principado, los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, Adif y la Secretaria de Estado de Telecomuncaciones. De aquí se sustancia, entre otros elementos, la necesidad de fijar en el PGO que algunos espacios de El Natahoyo solo podrán asumir usos complementarios o auxiliares a la actividad portuaria, que debe definirse el suelo de la Zalia o que se tendrá en consideración la excepcionalidad de los montes de Baldornón y Deva. El informe también realiza puntualizaciones sobre el impacto en la revisión del PGO del plan de vías, la ampliación del hospital de Cabueñes y la aplicación en la zona Este de la normativa de Costas.