El sindicato USIPA adviritió hoy de que el Ayuntamiento de Gijón se enfrentará a una nueva avalancha de reclamaciones económicas por parte de los trabajadores de los planes de empleo incluidos en el acuerdo "Gijón Innova", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya dictado varias sentencias que obligan al consistorio a abonar una media de 8.000 euros a cada trabajador.
El motivo es que a los trabajadores de ese plan se les pagaba el 75% el salario mínimo interprofesional al incluirlos como aprendices en el plan "Gijón Innova", cuando se les debía de haber pagado el 75% del salario para cada puesto de trabajo establecido en el Convenio Colectivo para personal laboral del Ayuntamiento de Gijón, según explicó esta mañana José Manuel Cerra, presidente de la sección sindical de USIPA en el Ayuntamiento, quien ofreció una rueda de prensa acompañado por Francisco Uría Gutiérrez, abogado del sindicato que ha interpuesto 35 de las reclamaciones de salarios de los trabajadores del plan que fueron contratados entre el 1 de marzo de 2015 y el 1 de febrero de 2016.
El TSJA ha dictado ya varias sentencias, mientras otras están paralizadas en los juzados de lo social a la espera de que se pronunciara el TSJA. Son difícilmente recurribles en casación, según estimó Francisco Uría. Otros trabajadores demandaron por su cuenta o asesorados por otros sindicatos. USIPA estima que ahora también reclamarán los trabajadores del "Gijón Innova" a los que les vence el contrato a finales el próximo mes de febrero.
El Ayuntamiento ya tuvo que pagar 3,5 millones de euros por contrataciones irregulares en los anteriores planes de empleo, el "Gijón Inserta" y además cinco de los trabajadores que demandaron acabaron como fijos de plantilla del Ayuntamiento al haber declarado nulos sus despidos el juzgado de lo social y luego el TSJA. Cerra atribuye ese resultado a la mala gestión del exdirector general de servicios del Ayuntamiento, Vicente Hoyos, y al respaldo político que le dio el gobierno local de Foro. Esos cinco trabajadores a los que "les tocó la lotería" no son personas significadas, por lo que esa situación no es comparable a la indemnización de 60.000 euros que el Ayuntamiento tendrá que abonar a la nuera del exsecretario general de UGT en Asturias, Justo Ridríguez Braga, que había sido contratada "a dedo" para el equipo gestor de los planes de empleo.
A diferencia de lo que ocurrió con el "Gijón Inserta", donde se contrató al personal por obra y servicio, el TSJA no ha declarado improcedentes los contratos de aprendizaje del "Gijón Innova", si bien USIPA insiste en que esos trabajadores ocupan plazas reservadas a funcionarios, que el Ayuntamiento debería de cubrir bien con oposiciones o bien con interinos.
