Miguel Ángel Martínez Aroca defiende a nivel nacional a los que hace años decidieron apostar por la energía fotovoltaica como alternativa limpia al suministro de las grandes compañías eléctricas.
-¿Cuándo empezó a haber en España productores de este tipo de energía?
-La producción de esta energía llegó como consecuencia de la publicación de las directivas europeas en las que la Unión expresó en el año 2001 su preocupación por la fuerte dependencia energética que sufrían todos los países de la zona euro. Teníamos un problema político y ambiental y la Unión pidió a los diferentes estados miembros que invirtieran en generar energía renovable y especialmente de tipo fotovoltaica. La UE quería además que se socializara la generación de energía para que esta no estuviera en manos de los oligopolios. El gobierno de Zapatero desarrolló esta directiva europea con una campaña de llamamiento a la inversión privada. Fue algo muy llamativo, muy patriótico. Nos llamaban a ayudar al país para conseguir una independencia energética del exterior. Acudimos a ese llamamiento más de 65.000 familias españolas. Casi 400.000 personas invirtieron unos 25.000 millones de euros. Creíamos que habíamos acudido a resolver un problema del estado español y que habíamos cumplido lo que el Estado nos pedía.
-¿Cuándo empezaron los cambios?
-En el año 2010 empezó todo un rosario de cambios legislativos, una historia de terror que comenzó en el mes de diciembre y que todavía no ha terminado. Hablamos de cambios de leyes y de impuestos que aparecen donde nunca existieron.
-¿En qué situación se encuentran ahora esas familias españolas?
-Esas familias que apostaron por la energía tienen recortes acumulados del 50 por ciento, un impuesto a la generación del 7 por ciento y sufren una inestabilidad regulatoria muy importante. No está garantizado que vayamos a seguir recibiendo la retribución actual en un futuro. La situación es gravísima y ha traído una imagen lamentable para el país. Somos el país del mundo con más arbitrajes internacionales abiertos en este momento, por encima de Venezuela, Argentina o cualquier otro país. La marca España está muy cuestionada por la falta de seriedad de la clase política. En todos los países están desarrollando esta energía de forma exitosa excepto en España, en donde no existe autoconsumo a pesar de ser el país con más sol.
-Y encima les llegó el impuesto al sol...
-Eso se hizo para que el valor de cotización de las cuatro grandes compañías eléctricas que operan en nuestro país no se desplomara, para que los que conforman ese oligopolio puedan seguir obteniendo 7.500 millones de euros de beneficio.
-¿Cuántos de esas 65.000 familias que empezaron con la generación eléctrica fotovoltaica siguen a día de hoy en ese campo?
-Muy pocas. Muchos inversores han tenido que vender a fondos buitre y a grandes compañías los parques fotovoltaicos que construyeron. Esos ciudadanos han malvendido lo que tenían como consecuencia de las políticas del gobierno contra las energías renovables. En España podríamos abastecernos de energía solar y crear un nuevo sector productivo que generaría decenas de puestos de trabajo pero preferimos proteger otras energías. Asturias no se puede quedar a la cola del progreso. Francia o Alemania tienen más energía fotovoltaica que España y tienen menos horas de sol que el norte de nuestro país. Nos han pasado muy por encima en este tipo de instalaciones. Asturias es la región con menos instalaciones de este tipo de toda Europa.
-¿Es esa defensa de las grandes compañías una de las causas de la gran subida de la luz vivida estos días?
-Las grandes compañías decidieron ejecutar a las familias que habían apostado por la energía fotovoltaica siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, decidieron que en España apareciera un impuesto único en el planeta, ridículo y absurdo. Esas compañías juegan a sus anchas con el mercado y deciden lo que se paga en cada momento. El cáncer del mercado de la energía es la regulación, pero la clase política no quiere que nada cambie, no se defiende el interés general de 40 millones de españoles. Se apuesta por compañías que, encima, están en manos de fondos extranjeros. Se está sacando renta de España para reforzar a empresas privadas de otros países.
-¿Es España el país con la energía más cara de Europa?
-Sí, sólo estamos por detrás de dos islas en las que es más caro generar energía: Chipre e Irlanda. Y estamos ahí situados cuando nuestro poder adquisitivo no es, ni de lejos, el tercero más alto de la Unión Europea.
-En los últimos meses están surgiendo nuevas compañías que prometen precios más baratos que las tradicionales, ¿hay que fiarse?
-Hasta que no se cambie el modo en el que se fija el precio de la energía va a ser imposible que el coste se reduzca. Da igual en que compañía esté el consumidor, siempre se va a pagar lo mismo en la factura de la luz. El problema no está en la comercialización sino en la generación de esa energía, que está en manos de cuatro empresas que lo dominan todo y marcan precios en el mercado eléctrico de todo el país.
