Dos horas y media largas estuvieron ayer los socios de la concertación social -Ayuntamiento, Federación Asturiana de Empresarios (Fade) y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras- reunidos de urgencia para concretar el futuro de los planes de empleo en la ciudad. Una reunión que sirvió para rebajar la propuesta inicial del gobierno forista de Carmen Moriyón de dejar en suspenso desde ya todas las acciones de empleo en marcha hasta que quedase garantizada su seguridad jurídica. El nuevo planteamiento es seguir adelante con las convocatorias de los planes Actívate y Primera Experiencia Profesional, que alcanzan a 84 beneficiarios y un equipo técnico de nueve personas y dejar en suspenso unos meses el plan de empleo regional, que ofertaba 212 plazas en las modalidades de contrato por obra y servicio y contratos en practicas. Se mantendrá abierto el plazo de recepción de solicitudes, que termina este viernes, y se publicitará la lista de admitidos pero no se avanzará más.

UGT y Comisiones Obreras, muy críticos con la decisión tomada de manera unilateral por el gobierno de Foro y al margen de la mesa de concertación, salían ayer de la reunión con mejor semblante. "No hay riesgo para la concertación ni se paran todas las políticas activas de empleo", destacaban tanto Víctor Roza, de Comisiones Obreras, como Fernando Díaz Arnáiz, de UGT. La lealtad "a lo negociado y firmado en la defensa de los planes de empleo y la seguridad para los dineros públicos" también fue resaltada por Carmen Moreno como portavoz de la Fade. Las políticas activas de empleo en la ciudad movilizan unos 40 millones al año y son elemento sustancial del pacto de concertación social. De ese dinero, unos 8 millones de euros se destinan al capítulo concreto de planes de empleo que ahora mismo está a debate.

La congelación se prolongará hasta abril. ¿Por qué hasta entonces? Es cuando se espera que se sustancie el primer proceso judicial que tiene el Ayuntamiento por una demanda de un beneficiario del último plan de empleo donde ya se reformularon las condiciones del contrato para evitar nuevas sentencias judiciales en contra. Si el juez da la razón al Ayuntamiento todo volverá a la normalidad. Si el Ayuntamiento pierde habrá que volver a la mesa de negociación del pacto "Gijón Crece"

Las demandas ganadas por beneficiarios de anteriores planes de empleo ya le han costado al Ayuntamiento cerca de cinco millones de euros en indemnizaciones. Las irregularidades denunciadas tenían que ver, por un lado, con el hecho de que personal de los planes hicieran labores propias de un trabajo de la estructura estable del Ayuntamiento y, por otra, con la percepción de salarios inferiores al personal municipal que hacía ese trabajo.

Para acabar con esos problema se igualaron las tablas salariales, se introdujo el modelo de contrato en prácticas y se hizo un nuevo diseño de los contratos por obra y servicio especificando al máximo la singularidad del trabajo y el tiempo de duración. A pesar de ello las demandas en los juzgados siguen. El director general de Empleo del Ayuntamiento, Pelayo Barcia, aseguraba ayer que le consta la existencia de nueve casos. Tres han presentado reclamación y dos de ellos han iniciado el proceso judicial. Uno con un contrato de prácticas y otro por obra y servicio, que es el más conflictivo. Como se finiquitan esos procesos judiciales es lo que quiere saber el equipo de gobierno antes de dar un paso más. "Confiamos en ganas, esto no es más de lo mismo. Hemos hecho todos los cambios necesarios", explicaba un Pelayo Barcia, que acusó directamente al sindicato Usipa de estar detrás de estas demandas. "Que dejen ya de jugar con los planes de empleo y el dinero de todos", espetó.

Por otro lado, congelar la tramitación del plan de empleo y no cumplir con los plazos marcados en las bases de la convocatoria realizada desde el Principado le supondría al Ayuntamiento perder 236.000 euros mensuales de aportación autonómica. La inención del Ayuntamiento es explicar al gobierno regional la situción para que les de un tiempo de carencia. Algo que, aseguró Barcia, ya ha hecho en otras ocasiones y con otros ayuntamientos. Además, de la reunión de ayer salió el compromiso de instar al gobierno nacional para que favorezca otras fórmulas más seguras como volver al contrato de inserción social.