Miguel de Prado García lleva un año separado de su hijo, al que apenas ha visto cinco veces desde entonces, después de que su expareja se lo llevara a Suiza de forma unilateral y sin previo aviso. Este padre gijonés no ha logrado recuperarlo a pesar de las sentencias favorables emitidas por la justicia española y que la suiza no termina de aplicar. Una situación de "indefensión" que ha llevado a su entorno a emprender una recogida de firmas, digital -a través de la plataforma change.org- y manual, para exigir la intervención y mediación de los ministerios de Interior y de Exterior y la Embajada española en Suiza. Recogida que ya supera las 2.000 rúbricas.

La huida a Suiza de la madre con el menor -ahora de diez años- sucedió a primeros de febrero de 2016 después de que ella faltase a la firma del convenio de custodia prevista para el 13 de enero de 2016. Comenzó entonces un via crucis judicial tedioso y costoso por la necesidad de las traducciones juradas de sentencias porque el procedimiento está abierto en ambos países. No obstante, la totalidad de sentencias dan la razón a este padre gijonés a quien el Juzgado de Familia Nº 9 de Gijón le dio la custodia, declaró la ilegalidad del traslado y la obligación de la madre de entregar al niño.

La justicia helvética concede también la razón a Miguel. El 23 de junio el Tribunal Cantonal de Lucerna, amparado en el Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, calificó de ilícito el traslado y ordenó la entrega a su padre en sentencia ratificada también por el Tribunal Federal de Suiza.

En agosto se frustró la entrega del niño al padre. El menor estaba en el coche, "la familia materna rodeó y jaleó al niño, la policía me dijo que si lo cogía y me lo llevaba me expulsaban del país", recuerda Miguel. La madre aprovechó entonces para reabrir el caso en Suiza argumentando que el menor no quería regresar a España. Incluso logró que de forma provisional se establezca un derecho de visita provisional -"al que pone trabas"- para el padre, de cinco horas cada tres semanas hasta la resolución del conflicto, siempre custodiado por policía y servicios sociales.