El director del centro especial de empleo Apta, Pablo Álvarez Cachero, ha planteado al comité de empresa "la necesidad de un ajuste en la plantilla", según señalaron fuentes sindicales, que agregan que Álvarez Cachero ha dado inicialmente la cifra de 70 trabajadores como prescindibles. El detalle del ERE de extinción de empleos y las negociaciones -en las que los sindicatos esperan modificar la postura de la empresa o al menos las cifras- comenzarán la próxima semana, según informó el comité de empresa a los trabajadores del centro especial.

La propuesta de un nuevo ajuste de plantilla llega después de que en los últimos meses Apta haya incorporado entre 30 y 40 nuevos trabajadores discapacitados y de que haya despedido a su director de recursos humanos.

También llega después de que haya fracasado el intento de la dirección de conseguir reducir plantilla animando a 48 de sus trabajadores a solicitar la jubilación ordinaria y a que pidieran revisiones de su grado de discapacidad, algo que también recomendaron a otros para que obtuvieran una pensión por invalidez absoluta. Con un 45% de discapacidad reconocida se puede acceder a la jubilación ordinaria con 52 años. Fuentes de la dirección señalan que muchos de estos trabajadores se mostraron reacios a solicitar la jubilación o una invalidez absoluta para no perder la pensión de orfandad, cuyo cobro es compatible con un salario.

Álvarez Cachero informó a los sindicatos de que "la situación es crítica, aunque 2016 se cerró con una facturación superior a 2015", una situación que se ha agravado, según les dijo, por el aumento de los costes salariales, debido al incremento del salario mínimo interprofesional (el que cobra la mayor parte del personal de Apta), al fin del descuelgue del convenio y la reducción de la jornada laboral en 2017, y al incremento en la nómina de febrero de un 1,9% como complemento de calidad de 2016. A ese incremento en los costes se suma la recepción por parte del centro especial de empleo de menos ingresos de los que tenía previstos por subvenciones.

Fuentes de la empresa sostienen que las nuevas incorporaciones de trabajadores fueron necesarias para sacar adelante los contratos que ha conseguido Apta, entre ellos, cableado que le subcontrata el centro especial de empleo Gureak, del País Vasco.

Con esas casi 40 incorporaciones, la plantilla ronda los 200 empleados, algo que los responsables de Apta califican de "insostenible". Las incorporaciones han sido necesarias debido a que hay un grupo de trabajadores que pueden realizar los trabajos contratados, que estas fuentes reducen a una veintena, cifra sustancialmente inferior a la dicha a los sindicatos antes del inicio de las negociaciones. Estos trabajadores "no sólo no funcionan bien, sino que entorpecen la labor de los demás y esto no puede seguir así", agregan.

El director gerente de Apta, Pablo Álvarez Cachero, asumió el cargo el pasado 1 de julio. Su selección fue el último paso para la salida de Ilunion (el grupo empresarial de la corporación ONCE) del accionariado de Apta, proceso que había comenzado en septiembre de 2015. Ilunion (antigua Fundosa) fue cofundadora de Apta junto a la Asociación de Padres y Tutores de Antiguos Alumnos del Sanatorio Marítimo. Pese a tener la menor participación en Apta, Ilunion fue quien sostuvo durante años al centro especial de empleo, cubriendo sus pérdidas a raíz de la crisis que se produjo en la empresa con la deslocalización de las fábricas de motocicletas de España hacia otros lugares, lo que supuso la pérdida de la principal clientela para el centro especial de empleo gijonés, que hacía cableado para motocicletas.

Además de la llegada del nuevo gerente a Apta, con el objetivo fundamental de conseguir carga de trabajo para la empresa, la salida de Ilunion también supuso la venta por un euro de sus acciones a la Asociación de Padres.

El acuerdo con Ilunion pasa por que el grupo empresarial de la ONCE se comprometió a aportar 3 millones de euros en cuatro años a Apta, condonar el préstamo participativo que le había concedido por medio millón de euros y rebajarle a la mitad la renta por las instalaciones de El Piles, que pasaron a manos de Ilunion por las aportaciones que ésta estaba haciendo a Apta.

En noviembre Apta redujo salarios y jornada a un grupo de trabajadores que tiene desplazados a la nave de Ilunion en Roces, dado que su grado de discapacidad limita notablemente los trabajos que pueden realizar.