La conflictividad en la estiba en los puertos españoles, ante el Real Decreto para liberalizar el sector que aprobará el Consejo de Ministros el próximo viernes, ha comenzado a notarse en los muelles de El Musel esta semana, con caídas en los rendimientos de la carga y descarga de mercancía general y graneles de un 50% y en la de los contenedores en un 20%, según han alertado empresas estibadoras, que sostienen que se trata de una "huelga encubierta" mucho más acusada en Gijón que en los otros puertos del norte de España, incluido el de Avilés, donde al igual que en Gijón el sindicato Coordinadora también es hegemónico.
Aunque en Gijón el descenso en el ritmo de estiba y desestiba es sensiblemente más acusado que en otras dársenas (en Vigo, por ejemplo, se cifra en un 30%), se trata de una situación generalizada en todos los puertos españoles, pero que no afecta por igual a todas las terminales.
El motivo es que, mientras la mayor parte de la patronal apoya el decreto de liberalización, grandes operadores de terminales portuarias en Algeciras, Barcelona, Valencia, Castellón, Gandía y puertos canarios han llegado a un acuerdo con el sindicato Coordinadora para seguir contratando a los actuales estibadores aunque el cambio legal no lo haga obligatorio, como es ahora.
El sistema actual obliga a todas las empresas estibadoras que quieran operar en un puerto a convertirse en accionistas de la respectiva Sagep (Sociedad Anónima de Gestión de Trabajadores Portuarios), que es la que pone a disposición de estas empresas a los estibadores. Las empresas no pueden contratar personal ajeno a las Sagep para la estiba.
El Tribunal de Justicia de la UE condenó en diciembre de 2014 a España al considerar contrario a la normativa europea su sistema de estiba. La multa asciende a 21,5 millones de euros y puede aumentar, según señala el Ministerio de Fomento para justificar el decreto con el que señalan que se va a cumplir la normativa europea, permitiendo a las empresas contratar a cualquier trabajador que acredite la formación adecuada; una liberalización total tras un periodo transitorio de tres años.
Los estibadores sostienen que hay alternativas y que ese decreto va a suponer el despido de 6.000 trabajadores, de cuyos pasivos, en base al decreto, se van a hacer cargo las autoridades portuarias y no las Sagep.
La patronal del sector, Anesco, se ha pronunciado a favor del decreto y ha denunciado el descenso de la productividad en los muelles, algo que Coordinadora achaca a que los estibadores están aplicando "a rajatabla" las estipulaciones que figuran en los convenios colectivos, en lugar de realizar "sobreesfuerzos", como hasta ahora.
La asociación que aglutina a los principales grupos empresariales del sector en España, la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (Pipe) ha ido más allá, defendiendo la liberalización del sector no sólo para dar cumplimiento a la normativa europea, sino también porque considera que reducirá en un tercio los costes portuarios para las exportaciones e importaciones, además de crear 18.000 puestos de trabajo. Pipe sostiene que el actual sistema de estiba es una "rémora" para la economía española y los puertos, en los que los costes de estiba suponen un 53% del total de los de manipulación de mercancías frente a un 38,8% de la media europea, con sueldos medios de 68.000 euros anuales y con la obligación de emplear en cada turno a un número fijo de estibadores, aunque no todos sean necesarios. Además, Pipe mantiene que el acceso a la profesión, "controlado por la Coordinadora, impide el acceso libre a la misma y beneficia únicamente a familiares y conocidos de los actuales estibadores".
