Agalsa presenta concurso de acreedores y el ERE para despedir a sus 102 empleados

El ERE afectará como tal sólo a 87 trabajadores, los que tienen contrato indefinido, mientras que para los 15 temporales esperará a que concluyan sus contratos o los suspenderá antes. La mayoría de los trabajadores serán despedidos dentro de un mes, cuando concluya el periodo de consultas de ese tiempo entre empresa y sindicatos, que se tiene que realizar por ley. Otros tres trabajadores, con poca antigüedad, ya solicitaron su baja voluntaria en la empresa.

Los despidos no afectarán a los 28 trabajadores de, Oxizinc, filial de Agalsa que mantiene su actividad. Oxizinc desarrolla su actividad en la propia nave de Agalsa, con medios propios y el administrador concursal que nombre el juez para liquidar la sociedad podría optar por vender la empresa como unidad de negocio, en lugar de desmantelarla también. La otra filial que mantiene activa Agalsa es GTI, cuya nave en el polígono de La Peñona acaba de ser alquilada a otra empresa. GTI carece de plantilla propia, después de que Agalsa hubiera asumido a sus 16 trabajadores, incluidos ahora en el ERE.

Agalsa entra en concurso de acreedores con un pasivo cercano a 12 millones de euros, de los que dos terceras partes eran deuda vencida ya desde julio de 2016. La empresa plantea la liquidación de la sociedad después de que hayan fracasado sus negociaciones con el principal acreedor, Sogpesa, y también las mantenidas con las entidades financieras para reestructura su deuda y obtener nuevas lineas de crédito circulante con las que financiar su actividad productiva, explican desde la empresa.

Agalsa plantea al juez su liquidación a pesar de que cuenta con unos activos con un valor contable de unos 20 millones de euros, cifra que en teoría cubre ampliamente los 12 millones de deuda con los que entra en concurso. Pese a ello, la sociedad es inviable por la falta de liquidez para comprar a Asturiana de Zinc los suministros con los que atender los pedidos.

La empresa notificó ayer al comité de empresa los motivos por los que considera que presenta la quiebra y el ERE. Agalsa sostiene que hasta 2015 pudo desarrollar con relativa normalidad sus actividades, afrontando los altibajos de la crisis económica nacional con medidas de ajuste financiero, reducción de costes productivos e introducción de nuevas lineas productivas. La situación patrimonial de la empresa, que le permitía ofrecer garantías hipotecarias, le había facilitado hasta entonces la negociación y renovación de créditos con nueve entidades financieras.

La empresa había cerrado 2015 con unas pérdidas de 675.794 euros, pero entrando en una senda positiva con beneficios en el cuarto trimestre de ese año, situación que se mantuvo en el primer trimestre de 2016. Pero el año que había empezado bien, acabó mal con unas pérdidas de 874.924 euros.

El momento crítico se produjo en julio, con dos hechos determinantes: La contabilización de una deuda con Sogepsa y la subsiguiente retirada de crédito por los bancos.

Una sentencia de la Audiencia Provincial había dado en mayo la razón a Sogepsa, que había demandado a Agalsa por el impago de 2,81 millones de euros, de los algo más de 6 en los que se había pactado la venta de una finca de 55.000 m2 aledaña a las instalaciones de Agalsa en Lloreda. Incluyendo los intereses legales y las costas judiciales, la deuda con Sogepsa tras la sentencia asciende a 4,5 millones de euros.

La sentencia "y su reflejo contable tuvo impacto inmediato en las negociaciones de renovación de las pólizas bancarias" que se estaban desarrollando en ese momento: Los bancos rechazaron renegociar el pago de la deuda y abrir nuevas líneas de crédito para que Agalsa pudiera seguir produciendo.

Así, Agalsa pasó a tener más de 9 millones de euros de deuda vencida en julio de 2016: Los 4,5 millones que debe a Sogepsa y otros 4,60 millones de deuda bancaria (995.839 euros al Banco Santander, 985.969 euros al Sabadell, 761.351 euros a Liberbank, 695.875 euros al Popular, 320.576 a Abanca, 276.506 a Bankinter, 239.090 a Ibercaja, 231.347 a La Caixa y 108.669 al BBVA).

Desde julio de 2016 Agalsa intentó buscar una salida renegociando su deuda con Sogepsa y con los bancos, con la propuesta paralela de una ampliación de capital. La documentación de la empresa señala que Sogepsa mantuvo una "difícilmente comprensible postura" sobre cómo pagar la deuda y en una cuantía "asequible" para Agalsa, lo que "ha resultado ser un factor absolutamente obstructivo" en la negociación paralela con los bancos. Agalsa agrega que al final, cuando en octubre pasado Sogepsa "alcanza a comprender el impacto de sus exigencias en la viabilidad de la empresa, se obtiene un preacuerdo, que de haberse producido anteriormente habría permitido el desbloqueo de la negociación de financiación bancaria", pero que cuando se produjo ya era tarde, habiéndose visto abocada Agalsa a declararse en situación preconcursal. Una vez ahí, Agalsa ya no podía pagar.

Las negociaciones posteriores a la declaración de preconcurso tampoco fructificaron, al igual que ocurrió con el intento de vender entonces más de la mitad de la sociedad a un empresario asturiano para reflotarla.

Además de las discrepancias con Sogepsa, las negociaciones con ocho de los bancos de préstamos con garantía hipotecaria que sumaban 3,78 millones de euros tampoco salieron adelante, tras un principio de acuerdo que se había alcanzado en noviembre. El motivo fue que en enero pasado Ibercaja aceptaba reestructurar la deuda, pero no ampliar las lineas de financiación de circulante. Su negativa bloqueó cualquier acuerdo con el resto de entidades, señalan desde Agalsa.

La salida pasaba por un concurso de acreedores en continuidad o bien para la liquidación de la empresa, algo que dependía de alcanzar un acuerdo razonable con Sogepsa, según fuentes de la compañía. La falta de ese acuerdo ha derivado en la solicitud al juez de que ir a la liquidación.

El administrador concursal que nombrará el juez en unas semanas deberá aplicar el ERE y decidir qué hace con la nave y 88.000 m2 hipotecados de Agalsa en Lloreda, con los más de 1,5 millones de euros que tiene en existencias, con sus propiedades en La Peñona, con Oxizinc y con la parcela de 55.000 m2 que Sogepsa aún no ha escriturado a favor de Agalsa.

En la notificación que ayer envió Agalsa a los trabajadores para comunicarles el inicio del ERE, la empresa también los acusa de haber adoptado "medidas de presión y boicot" que han paralizado la actividad productiva e impedido la entrega de pedidos. Los trabajadores, que llevan sin cobrar desde la nómina de diciembre, niegan que hayan boicoteado la producción, si bien han impedido la salida de material de la factoría, a la espera de que el Juzgado tome las riendas.