La sección octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, acaba de condenar a siete meses de cárcel a tres vecinos de la ciudad acusados de falsificar un contrato de arrendamiento para evitar que siguiera adelante un procedimiento de ejecución hipotecaria.
Los magistrados encargados el caso aseguran que la principal imputada en este procedimiento y su nieto se pusieron de acuerdo con la tercera persona imputada "con el fin de provocar un error en la valoración del juez que conocía el desahucio y conseguir con ello un beneficio económico obstaculizando o impidiendo la ejecución". Así los imputados "realizar un falaz documento aparentando la existencia de un contrato de arrendamiento del citado inmueble que fue aportado en la vista del juicio".
Ahora los magistrados de la Audiencia Provincial consideran que los tres imputados son autores de un delito de estafa procesal.
