Por su propio deseo se fueron Bernardo Veira, Pablo Álvarez Cachero e Ignacio Martín-Angulo de las direcciones, respectivamente, del Centro Municipal de Empresas, la Empresa Municipal de Aguas (Ema) y la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa). Y también Manuel Álvarez Amandi de la dirección general de Servicios y Procesos de Emulsa. Muchos de ellos eran personas fuertemente vinculadas al equipo de Foro Asturias en Gijón y que acompañaron a Carmen Moriyón y sus ediles desde un primer momento.

No fue voluntaria ni la marcha de Xosé Nel Riesgo como director de la Fundación Municipal de Cultura, a la que llegó con Carlos Rubiera como concejal y donde no siguió con la edil Montserrat López, ni las de Rodolfo Espina y Santiago Carretero como responsables de las áreas técnica y administrativa de la Empresa Municipal de Aguas. Tras el adiós de Cachero para volver a la empresa privada, el gobierno de Foro optó por cesar a estos directivos alegando que era más oportuno que el nuevo gerente tuviera las manos libres para elegir a su equipo de trabajo.

A la EMA había llegado Álvarez Cachero en 2012 desde un cargo directivo del Ayuntamiento para ocupar el puesto de un destituido Luis Alemany. El veterano funcionario municipal se sienta estos días ante un juez junto a la expresidenta de la empresa, la socialista Dulce Gallego, y tres empresarios por un supuesto delito de prevaricación. El caso de la EMA se abrió en los jugados tras las denuncias impulsadas desde el gobierno local de Foro por presuntas irregularidades en la concesión de contratos de obra de la entidad entre 2009 y 2012. A mediados de 2015, el mismo Alemany fue absuelto de los delitos de administración desleal y apropiación indebida al retirar la denuncia la empresa, liderada entonces por el concejal Fernando Couto, que había llegada a un acuerdo con su trabajador. En los juzgados acabó también la decisión de reordenar el servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos ubicando una jefatura de servicios por encima de la jefatura que ocupaba el veterano Víctor Menéndez, al frente de los bomberos desde los años noventa.

Pero quizás el caso más relevante y que más ríos de tinta hizo correr fue el de Dora Alonso, que fue cesada de su cargo de secretaria del Ayuntamiento por la pérdida de confianza en su trabajo de Carmen Moriyón. El detonante fue la convocatoria de oficio por parte de la secretaria de un Pleno sobre la ordenanza de fachadas que la Alcaldesa no estimó oportuno pero había sido solicitado por la oposición cumpliendo los cauces del reglamento municipal. El Pleno se convocó, la Alcaldesa lo suspendió y un juez obligó meses después a celebrarlo.

Alonso se había convertido en 2006 en la primera mujer en ocupar la secretaria general del Ayuntamiento de Gijón. La destitución movilizó al personal municipal, a la oposición política de todos los colores y al Consejo General de los colegios profesionales de secretarios, interventores y tesoreros de administración local. El debate de fondo era la independencia de los funcionarios de los poderes políticos.

Dora Alonso llevó su cese al juzgado con el apoyo de su colectivo profesional. Perdieron. Aunque se reconoció su correcto proceder como profesional el juez avaló la legalidad de la decisión de Moriyón de destituirla por falta de confianza al ser un cargo de libre designación. No hubo mejor suerte en el posterior recurso ante una instancia superior. "Fui destituida por cumplir la ley", sentenció Alonso al incorporarse en plena polémica a la Academia Asturiana de Jurisprudencia.