El juicio contra la exconcejala socialista Dulce Gallego, el exgerente de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), Luis Alemany y tres representantes de las empresas Suymcoplas y Aldesa por supuestas irregularidades en la contratación, certificación y facturación de obras de la EMA, se reanudó esta mañana con la declaración de varios peritos propuestos por la acusación particular, que ejerce la empresa municipal.

Uno de ellos, el economista Ignacio Díaz, quien realizó un informe de gesión sobre gastos e inversiones entre 2010 y junio de 2011, extendiéndolo a 2009 respecto a las facturas del convenio marco y que señaló qu e“no se respetaron los límites de los contratos”, que tenían un tope anual de 750.000 euros (tras la baja aplicada al precio de licitación, que había sido de 900.000 euros anuales) y además se detectaron facturas que superaban los límites máximos por obra de 50.000 euros, que habrían de haber padado por el Consejo de Administración de la empresa municipal “o al menos haber pedido varios presupuestos para escoger el que ofreciera el precio más favorable”, señaló este perito.

Ignacio Díaz agregó que no se aplicaron sobrecostes en las unidades de obra facturadas, pero agregó que cada metro cúbico facturaro la la EMA era “hasta un 50% superior” al que se facturaba en ciudades como Coruña o Vitoria. También opinó que había un volumen muy alto de obras declaradas de urgencia, que era un requisito necesario para realizar los encargos dentro del convenio marco con Suymcoplas y Aldesa.

Este economista opinó que la utilización de un contrato marco no reporta ventajas económicas respecto a hacer licitaciones obra por obra con presupuestos cerrados, sino que la ventaja que ofrece es la rapidez en la ejecución de las mismas, al evitar tramitaciones administrativas.

Ignacio Díaz, no obstante, eludió pronunciarse sobre si estaba bien o mal gestionada la Empresa Municipal de Aguas. Su informe señala que el contrato marco se estableció mediante un procedimiento con publicidad, transparencia y concurrencia. Sus salvedades son respecto a la aplicación de ese contrato marco, al haberse excedido el volumen máximo de contratación anual y al haberse recurrido al mismo para obras con presupuestos superiores a los 50.000 euros, que deberían de haberse licitado aparte y pasar por el Consejo de Administración.

Otro de los peritos que compareció esta mañana, el ingeniero de minas Jorge González, señaló que detectó facturaciones supuestamente irregulares de determinados trabajos, que se facturaban por horas, algo que no es apropiado para trabajos “que se facturan de manera reiterada” y cuyos costes para el contratista son predecibles. “Se sabe lo que va a costar la retirada de vallas, no existe ninguna indefinición y desde un punto de vista técnico no tiene sentido facturarlo por horas”, lo mismo que tampoco tiene sentido “desde el punto de vista técnico” facturar por horas la retirada de escombros, como se hizo, señaló.

Otra de las supuestas irregularidades apuntadas en ese informe pericial es que en la excavación de zanjas se facturaba además de ese concepto otro por demolición de firmes y pavimentos. Este último es el que “sería aplicable para arreglar baches”, pero se entiende que al excavar una zanja también hay que retirar las capas superiores, “porque se excava de fuera a adentro”.

Este perito también habló de “un precio superior a la media en la gestión de la tasa de vertido y un volumen más alto que el normal”.