El juicio contra la administradora única de una mercantil de Gijón por apropiación de indebida de 328.185,53 euros quedó suspendido esta mañana hasta el próximo 16 de marzo después de escuchar a los testigos y peritos, presentados tanto por la defensa como por la acusación particular, y a falta sólo de las conclusiones definitivas.
La acusada, vecina de Gijón y que responde a las iniciales M. C. M. F., se acogió esta mañana a su derecho a no declarar en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias por un delito de apropiación indebida desde junio de 2007 hasta mayo de 2014 mientras ocupaba el cargo de administradora única de una empresa entonces familiar, situada en la avenida de la Constitución, que prestaba servicios para el suministro de carburantes y lubricantes. Tanto ella como su hijo se negaron a declarar. No así la parte denunciante, a la sazón sobrinas carnales de la acusada.
Las dos testigos -hijas de la hermana de la procesada- coincidieron en señalar irregularidades en la contabilidad de la empresa cuando asumieron un porcentaje de la misma tras una cesión de su madre en 2014. Al examinar varios documentos advirtieron de la existencia de “una caja R” que intuyeron se podría referir a “una contabilidad b” de la empresa. También gastos que nada tenían que ver con el desarrollo de las funciones de esta empresa como servicios de guardería, peluquerías, seguros e incluso cremas. Unas irregularidades que según declararon esta mañana ambas hermanas supusieron “un deterioro económico de la empresa”.
Sobre M. C. M. F. pesan, entre otras, las acusaciones de retirar sin causa justificada 45.000 euros entre junio de 2007 a noviembre de 2009, 28.000 euros a favor de su madre entre 2008 y 2009 además de un salario extra de 15.200 euros a favor de su hijo que también se negó a declarar esta mañana. Unas cantidades que ascienden a un total de 328.185,53 euros según denuncian.
La Fiscalía solicita para la acusada una pena de 3 años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida, una multa de 9 meses con una cuota diaria de 10 euros (2.700 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, el abono de las costas procesales y una indemnización a la empresa equivalente a la suma de la que supuestamente se apropió, 328.185,53 euros.
