La Autoridad Portuaria de Gijón declinó ayer realizar valoraciones hasta haber estudiado los informes periciales de las interventoras de la IGAE, que aseguraron haber recibido ayer. El Puerto ha pospuesto, aún sin fecha, la próxima reunión de su Consejo de Administración, que había convocado para el próximo dos de marzo.
Por su parte, el Gobierno de Asturias se puso en contacto con el presidente de El Musel, Laureano Lourido, para recabar información, destacando desde el Principado que su posición es "colaboración plena con la justicia, que se aclaren los hechos y se depuren absolutamente todas las responsabilidades que proceda. Para nosotros, como Gobierno del Principado, lo fundamental es conseguir que El Musel alcance el mayor potencial económico posible en beneficio de Gijón y de toda Asturias, y para ello seguiremos trabajando".
El presidente del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan), que ejerce la acusación popular en el "caso Musel", José Ángel Gayol, señaló que los informes "me parecen muy graves, esclarecedores y me despiertan preguntas: ¿Por qué? Es decir, no se cometen tantos actos presuntamente fraudulentos de manera continuada, acumulada y consciente si no es a cambio de algo. Me gustaría saber quién recibió qué para que se dé esta situación".
El presidente de Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando, que señala que también ejerce la acusación popular, apuntó que los informes de las interventoras de la IGAE, "que vienen a decir que la propia oferta de la UTE vulneró la legislación sobre contratación pública, con lo que evidentemente la oferta debería de haber sido rechazada y no se hizo". Para el presidente de Ciudadanos por Asturias "mucho antes de la adjudicación de la obra, en enero de 2005, la Autoridad Portuaria ya sabían quién iba a ser el adjudicatario. Bajo mi punto de vista, hay una prevaricación absoluta y tajante de la Autoridad Portuaria de Gijón", concluyó.
