El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto para liberalizar la estiba, que tiene que ser convalidado antes de un mes por el Congreso, donde de momento el Gobierno no tiene garantizado el respaldo suficiente. En España hay 6.150 estibadores, que se encargan de la carga y descarga de barcos.
La reforma, exigida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) y el consenso de las empresas del sector, pero es rechazada por los sindicatos.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, indicó que el decreto se ajusta estrictamente a la sentencia, que exige liberar el sector -único en España donde no existe libre contratación de trabajadores- y establece la máxima flexibilización para mantener los derechos de los trabajadores y la igualdad competitiva de las empresas, informa Efe.
Tras la aprobación del decreto, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, sindicato mayoritario en los puertos españoles y hegemónico en El Musel y Avilés opinó que la nueva regulación "va mucho más allá de lo que pide Europa y no responde a la defensa de los intereses de los ciudadanos, sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales". UGT ha acusado al Gobierno de provocar una crisis innecesaria en el sector con un real decreto que "acarreará altos índices de precariedad e inseguridad, y cuyos máximos beneficiarios serán las empresas multiservicio y de trabajo temporal".
Servicios mínimos
Los sindicatos han convocado una huelga coincidiendo con la tramitación parlamentaria del decreto ley. La huelga está convocada para las horas impares de los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 de marzo. Ante el temor a posibles desabastecimientos, Fomento fijará servicios mínimos del cien por cien en operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla.
Si la estiba no se reforma, el Tribunal de la UE impondrá a España una multa de 21,5 millones de euros y una sanción diaria de 134.000 euros por cada día que pasara hasta que se reformara el sector. "Importes que recaerían sobre el bolsillo de todos los ciudadanos", señaló De la Serna. El mandato europeo para liberalizar la estiba en España data de 2011.
Para liberalizarla, el real decreto establece un periodo de tres años en el que paulatinamente irán desapareciendo las sociedades de gestión de estibadores portuarios, las Sagep. De estas firmas depende todo el colectivo de estibadores, que están obligados a contratar las empresas que operan en los puertos. La reforma contempla que las Sagep se conviertan en ETT, o que las empresas que utilizan los puertos contraten directa y "libremente" el personal que necesiten.
El texto legal reconocerá la capacitación como estibador a todos los trabajadores del ramo que acrediten cien jornadas de trabajo, a pesar de que no cuenten con la formación o titulación requerida para ello. Además, el Gobierno, a través de Puertos del Estado, garantiza su antigüedad y sus indemnizaciones en caso de despido, un compromiso estimado en unos 350 millones de euros.
