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Supuestas irregularidades en una de las mayores obras públicas

Intervención contundente en El Musel

Los informes periciales realizados por dos funcionarias del Estado arrojan sombras sobre la gestión de la gran ampliación del puerto gijonés

Trabajos durante la obra de ampliación de El Musel, con el dique Norte al fondo. ÁNGEL GONZÁLEZ

Doscientas dieciséis páginas de borrones sobre la gestión de la obra de ampliación de El Musel. Ése es en resumidas cuentas el contenido de los informes periciales elaborados por dos interventoras de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) por encargo de la magistrada del juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que investiga el "caso Musel".

El último de estos informes, desvelado por este diario la semana pasada, es una ampliación del que ya entregaron en 2015 las interventoras al juzgado. El mismo da una vuelta de tuerca más en un caso en el que van apareciendo nuevos obstáculos para las defensas a medida que avanza su instrucción.

Tanto el primer informe como el último arrojan sombras sobre la gestión de la gran obra. En el concluido en junio de 2015, las interventoras del Estado ya apreciaban supuestas ilegalidades en la adjudicación y ejecución de la obra de ampliación. Las autoras del informe, Fátima Blasco Cantera e Imilce Navarro Cabezas enumeraron supuestas irregularidades en el proceso de contratación y licitación de la obra, en los criterios de adjudicación, en la ejecución de los trabajos y en los millonarios sobrecostes en los que incurrió la obra de El Musel, una de las mayores contratadas en España de una sola vez.

En aquel informe pericial, las interventoras de la IGAE opinaban que el proyecto de ampliación de El Musel estaba sobredimensionado, que la oferta seleccionado, la de Dique Torres, era inviable por no incluir morros de invernada y que la construcción del dique de abrigo de la ampliación portuaria "era una incógnita" cuando se adjudicó la obra que no fue desvelada hasta año y medio después, cuando el Puerto encargó ensayos en laboratorio.

Las críticas no quedaban ahí. En sus 117 páginas, las interventoras no sólo cuestionaban la buena gestión de la Autoridad Portuaria, sino que resaltaba que en 2006 la Autoridad Portuaria y la UTE pactaron elevar el contrato en 200 millones de euros, pero ocultar ese acuerdo hasta que pasaran las elecciones autonómicas convocadas para el año siguiente. El Puerto empezó a pagar sobrecostes en abril de 2006, pero su Consejo de Administración no los aprobó hasta diciembre de 2007.

En cuanto a la adjudicación, las peritas de la IGAE consideraron en 2015 que la Autoridad Portuaria había optado por una variante del proyecto propuesta por Dique Torres que en su opinión debía de haber sido excluida por haber ofrecido precios y unidades de obra nuevos. En el informe elaborado el pasado enero, las funcionarias de la IGAE agregan que la UTE Dique Torres no debió de ser admitida al concurso por no aportar el seguro de responsabilidad civil que exigía el Puerto y por no tener los poderes adecuados para ofertar la gerente de la UTE.

Otra de las cuestiones que apuntan en este último informe es que si las ofertas se hubieran valorado correctamente, la UTE ganadora habría sido la liderada por Ferrovial, no Dique Torres, comandada por Dragados.

Este último informe pericial, de 99 páginas, también arroja sombras sobre cómo se licitó la obra, señalando que a sólo cinco días de que venciera el plazo para presentar ofertas, el Puerto cambió documentación del proyecto en licitación, sin que se pueda asegurar qué versión del mismo se entregó a cada ofertante.

Además, el informe pericial resalta numerosas supuestas irregularidades en el expediente administrativo de la ampliación, remitido en febrero del año pasado por la Autoridad Portuaria a la jueza, con documentos sin firmar, incompletos, yuxtapuestos y con incoherencias. Entre otras cosas, las interventoras ponen en duda que el proyecto remitido a la Audiencia Nacional sea el mismo que fue visado por Puertos del Estado y licitado.

Ingenieros

Las defensas tratarán de desacreditar ambos informes durante la comparecencia de sus autoras en la Audiencia Nacional para ratificarlos. Viliulfo Díaz, abogado del exdirector de El Musel, José Luis Díaz Rato, ya ha adelantado que considera que las dos interventoras del Estado no tienen la cualificación requerida para cuestionar el criterio de los seis ingenieros de la mesa técnica que valoraron las ofertas en su día. El propio Díaz Rato ya había negado en el juzgado las conclusiones del primer informe, apuntando entre otras cosas que él nunca había pactado con la UTE ocultar los sobrecostes hasta después de las elecciones autonómicas de 2007, información que atribuyó a un documento "interno" de la UTE y que estaba sin firmar.

La dirección del Puerto por su parte había resaltado en 2015, cuando se conoció el primer informe, que la IGAE no había puesto reparos en las auditorías anteriores que hizo al Puerto durante la ejecución de las obras. Aún no se han pronunciado respecto al segundo informe: aún están estudiándolo.

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