El presidente del comité de empresa de Agalsa, David Castilla, de UGT, acusó ayer a la compañía de hacerles "chantaje" para que acepten el ERE para el despido colectivo de los 87 operarios fijos de la factoría (otros 15 eventuales se irán a la calle al concluir sus contratos), como condición para que la empresa retire la sanción de 20 días sin sueldo que ha aplicado al conjunto de los trabajadores. Agalsa promueve el ERE tras haber solicitado un concurso de acreedores, para la liquidación de la sociedad. Los sindicatos esperan que el administrador concursal que se nombre busque un comprador para la compañía.

La dirección ha aplicado sendas sanciones de 10 días sin sueldo en enero y 10 más en febrero. El presidente del comité explica que "nos acusan de paralizar el trabajo y de los robos de mandos de control de los puentes-grúa, pero dicen que si aceptamos el ERE nos perdonan el castigo. Nos están chantajeando, acusándonos de algo que saben que no hicimos". Castilla cree que el robo de material de la empresa lo pudo hacer cualquier acreedor: "Deben a camioneros y proveedores y cada uno cobra como puede", agregó Castilla.

Los 20 días de suspensión de sueldo que ha impuesto la dirección a sus trabajadores, afectan a un dinero que les adeuda la empresa, que no ha pagado varias nóminas. Sobre esa sanción fue sobre lo que versó la reunión que se celebró ayer en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). No hubo acercamiento de posturas. El lunes se volverán a reunir en el Sasec las partes.

Intervención de la Policía

Intervención de la Policía

Tras la cita de ayer en el Sasec, el comité fue recibido por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien se comprometió a hablar con el Principado para interesarse por la búsqueda de alguna solución. A la misma hora de la cita en el Ayuntamiento, la dirección recurría a la Policía para poder remover obstáculos colocados por la plantilla para impedir la salida de mercancía de su filial Oxizinc, que con sus 28 trabajadores mantiene la actividad.