La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, ha condenado a 18 años de cárcel al gijonés enjuiciado hace dos semanas por abusar sexualmente de dos menores discapacitadas. La condena supone nueve años de pena por cada uno de los dos delitos de abusos sexuales continuados, además de imponer el pago de 3.000 euros a cada una en concepto de indemnización y una orden de alejamiento de 500 metros. De esta manera, se cumple la petición de la fiscalía en cuanto a la privación de libertad, aumentando en 1.000 euros más la petición inicial del ministerio público.
El juez estimó esencialmente la gran diferencia de edad, de casi cuarenta años, así como el hecho de que el acusado hubiera tenido condenas anteriores por exhibicionismo, lo que dio mayor credibilidad al relato de las víctimas.
Según el relato de la fiscalía, al hombre le unía una supuesta relación de amistad con la madre de una de las menores, lo que le permitió acceder al domicilio familiar en al menos tres ocasiones a principios de 2015, ya que el acusado tenía llave del mismo. Además, siempre lo hacía en momentos en los que la menor estuviera sola, cuando la madre acudía a su trabajo.
Era en ese momento, según el ministerio público, cuando, aprovechándose de la minusvalía psíquica de la víctima, mantuvo hasta tres relaciones sexuales completas con la mayor de las víctimas, nacida en el año 1997.
Durante ese mismo periodo, el acusado habría mantenido igualmente relaciones sexuales, valiéndose de la misma estrategia, con la segunda de las víctimas, nacida en el año 2000, y que sufre un cierto retraso cognitivo. Esta accedía a los hechos por temor a que el hombre se enfadara y tomara represalias contra ella.
Los hechos se dieron a conocer cuando la mayor de las víctimas contó lo que hacía con su "amigo" a las educadoras del centro especial al que acudían. El acusado se negó rotundamente a reconocer los hechos, esgrimiendo que los mensajes subidos de tono que les había enviado habían sido "en tono de broma". El condenado llegó a decir que quería a las menores "como un padre", negando que hubiera accedido a la vivienda cuando no estaba la madre de la víctima. Por todo ello, la defensa había pedido la libre absolución del acusado.
Por su parte, la acusación particular, representada por la abogada Ana María González, del Centro de Atención a las Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Asturias, había solicitado una pena de diez años de cárcel por cada delito y una indemnización de 10.000 euros, además de que se aplicara una medida de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena por un periodo de seis años.
