La defensa de Dulce Gallego, acusada de prevaricación durante su presidencia de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), reclamará las costas del proceso a la acusación particular, encarnada por los actuales responsables de la entidad elegidos por Foro Asturias, al entender que han obrado "con mala fe o temeridad".

En palabras del abogado defensor, José Carlos Álvarez, esta petición es un "rara avis" que puede solicitarse después de la fase probatoria o bien por obrar con "mala fe o temeridad" o bien porque los denunciantes sepan que "aquello que denuncian es legal". En su opinión se cumplen los requisitos para solicitarlo y argumenta que durante el proceso, Fernando Couto -presidente de la EMA en el primer gobierno forista- firmó un contrato de 120.000 euros en 2013 cuando a su defendida se la juzga por contratos que superaban los 50.000 euros. "El informe de peritaje que presentó Couto dice que no hay ningún impedimento legal en que se superen los 50.000 euros en un contrato y pese a todo se mantienen como acusación particular; me parece muy grave", señaló José Carlos Álvarez a la salida de las cinco horas que duró ayer la quinta sesión del juicio por prevaricación contra la expresidenta de la EMA, Dulce Gallego, y su exgerente Luis Alemany y tres empresarios -de Suymcoplás y Aldesa- beneficiados supuestamente por estos contratos.

El Juzgado de lo penal número 2 de Gijón acogió ayer el testimonio de los peritos presentados por la defensa y todos ellos coincidieron al afirmar que en el periodo en cuestión, entre 2009 y 2012, no se produjeron ni sobrecostes ni duplicidad en las facturas aportadas. Incluso, algunos de ellos han criticado abiertamente el peritaje judicial con comentarios como "absolutamente incorrecto", "disparate" o "ridículo".

Minutos antes se produjo la escena más llamativa de la sesión cuando el propio perito judicial no supo explicar por qué el importe que figuraba en varias facturas -existió confusión en una decena, al menos- no se correspondía con las anotaciones de su informe. Diferencias relativas a trabajos, por ejemplo, de 60 horas en su informe y que en la factura no figuraban, transportes o incluso personal trabajando por distinto tiempo y coste. "Hay una discrepancia que no tiene sentido" o "no tiene ninguna explicación" son frases que acertó a decir.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular se mantuvieron en su petición de dos y tres años de pena. El próximo lunes se celebrará la última sesión con los informes finales y la última palabra de los acusados.