Siete miembros de un grupo organizado dedicado a la venta de hachís en dos establecimientos de hostelería de Gijón se enfrenta hoy a penas, solicitadas por la Fiscalía, de hasta cinco años y seis meses -suman 36 años- y multas que alcanzan el millón de euros en varios casos por un delito contra la salud pública cometido, al menos, desde enero de 2015.
La vista oral se celebra esta mañana en el Juzgado de los Penal número 1 de Gijón, a partir de las 10 horas, con la declaración de los siete acusados de integrar "un grupo estable" y "criminal" dedicado a la venta de hachís y al que se le incautaron durante la operación una cantidad de estupefacientes que en el mercado ilícito alcanzaría los 583.000 euros de producirse su venta. Además del delito contra la salud pública, "referido a sustancias estupefacientes que no causan grave daño a la salud", la Fiscalía suma otro delito de "pertenencia a grupo criminal".
La petición inicial de la pena para cuatro de los acusados es de cuatro años y seis meses por el delito contra la salud pública y multa de un millón de euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 5.000 euros impagados. A ello se suma otro año más de prisión por pertenencia a grupo criminal. Además, para dos de ellos, también se solicita la inhabilitación especial para industria y comercio relativo a la hostelería durante 10 años.
El siguiente procesado, de mayor a menor pena, afronta cinco años de cárcel (en suma de cuatro y uno según los delitos ya descritos) y una multa de 600.000 euros con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 5.000 euros impagados. Los dos últimos presuntos delincuentes coinciden en responder a una petición de cuatro años y seis meses de cárcel con una multa de 600.000 euros cada uno, también con un día de privación de libertad por cada 5.000 euros no abonados.
La Fiscalía de área de Gijón solicita además para todos ellos que abonen las costas procesales. Al tiempo ve oportuno que se dictamine la clausura y suspensión de actividades de los dos establecimientos hosteleros que utilizaban los acusados por un periodo de cinco años.
