Políticos por un lado y vecinos por otro. Las posturas divergentes sobre la regasificadora de El Musel quedaron ayer patentes con una manifestación organizada por las federaciones vecinales de las zonas urbana y rural junto con la Plataforma contra la contaminación. La convocatoria, con motivo de la celebración del consejo sectorial sobre Medio Ambiente en el Ayuntamiento, contó con la presencia de un centenar de personas que exigieron "que se cumpla la ley, solamente eso", indicaba José Luis Rodríguez, de la Federación vecinal.

Los vecinos se agarran con fuerza a las decisiones judiciales después de sendas sentencias del Tribunal Superior de Madrid y del Supremo en las que se ratifica que la construcción de la planta de Enagás fue ilegal, al estar a menos de dos kilómetros de núcleos habitados, tal como exigía la normativa vigente cuando comenzó a tramitarse el expediente para autorizar la planta. Y por eso exigen "que se cumpla la ley", al igual que hicieron los representantes de Podemos en la manifestación, el concejal gijonés David Alonso y el diputado regional Héctor Piernavieja, quienes recordaron que "la regasificadora no tiene sentido en tanto que no se aborde otra planificación energética".

Los colectivos vecinales piden con ello al PSOE, Foro y Ciudadanos que reconsideren el acuerdo plenario por el que se insta al Gobierno estatal a regularizar la planta con otros posibles usos a través del Consejo de Ministros, igual que se hizo con la de El Ferrol. "Lo que no pueden es saltarse la legalidad y lo que dicen los jueces usando ese tipo de recursos", claman los vecinos, que piden "que se desmantele la regasificadora" porque "la actitud de algunas decisiones políticas recientes es indignante al querer situarse por encima de decisiones judiciales firmes".

Soledad Lafuente y Manolo González, de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural "Les Caseríes", se reunieron ayer también con la alcaldesa, Carmen Moriyón, y con Fernando Couto, edil de Urbanismo, para hablar sobre esta cuestión. Moriyón puso sobre la mesa el "resquicio legal" a través del que se puede proceder a la puesta en marcha de la regasificadora, en tanto que los vecinos reclaman la ejecución de las sentencias.