El Gobierno central ha preparado un real decreto que puede allanar el camino para legalizar la regasificadora de El Musel, cuya autorización administrativa fue anulada por una sentencia firme del Tribunal Supremo.
El Ministerio de Energía, que dirige Álvaro Nadal, ha enviado el texto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que tiene que dar un informe sobre el real decreto antes de que sea aprobado por el Gobierno. No se trata de una legalización de la regasificadora gijonesa, pero sí es un paso previo imprescindible para que la planta pueda posteriormente ser legalizada. El Ministro se comprometió a avanzar en esta tramitación en la reunión que mantuvo hace unas semanas con el Consejero de Industria del Principado, Francisco Blanco, quien esta mañana ha valorado positivamente la noticia.
El nuevo real decreto que se está preparando eliminará las trabas que puso en su día el Real Decreto Ley 13/2013 a la entrada en servicio de nuevas instalaciones gasísticas, entre ellas la regasificadora de El Musel, así como diversos gasoductos de Enagás. Desde entonces, la regasificadora gijonesa permanece "hibernada".
No supone, por tanto, la legalización de la planta, pero sin la eliminación de las trabas impuestas a su entrada en servicio por aquella ley de 2013, sería imposible cualquier intento de legalización.
Una vez que esté aprobado ese real decreto, la planta se podrá legalizar mediante la tramitación de una nueva autorización administrativa, que supla a la anulada por el Tribunal Supremo, agregó el consejero autonómico.
El real decreto que ahora está supervisando la CNMC no cita expresamente a la planta gijonesa, y en el mismo se autoriza la construcción de las instalaciones que "tuviesen aprobado el proyecto de ejecución antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 13/2012".
Equo, que fue la primera organización en impugnar la regasificadora de El Musel, ha solicitado la ejecución de la sentencia mediante el desmantelamiento de la planta y el reintegro por Enagás de los 119 millones de euros que ha cargado a los consumidores por los costes de mantenimiento y retribución autorizados por el Gobierno para esta infraestructura. Tanto Enagás como el Ministerio de Energía se han opuesto, en el trámite de ejecución de sentencia que cursa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al desmantelamiento de la planta.
La planta de El Musel, una de las instalaciones que justificó la obra de ampliación del Puerto, acabó de construirse en octubre de 2012, sin que hasta el momento haya entrado en servicio.
