El actual director general de la Autoridad Portuaria de Gijón, José Luis Barettino Coloma, ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional como testigo en el "caso Musel" el jueves de la próxima semana, día 16. Barettino fue ascendido a la dirección general tras haber sido durante años el responsable jurídico del Puerto, incluyendo los años en los que se procedió a la licitación, contratación, ejecución y aprobación del modificado (sobrecostes) de la obra de ampliación de El Musel. Tanto un informe de la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF), como sendos informes periciales elaborados por dos interventoras del Estado han apreciado supuestas irregularidades en la tramitación y ejecución de la obra de ampliación.
En la investigación judicial del supuesto fraude en la ampliación de El Musel y en sus sobrecostes ya hay más de 20 imputados, entre ellos los máximos responsables del Puerto en aquella etapa; su expresidente, Fernando Menéndez Rexach y su exdirector, José Luis Díaz Rato. Barettino era el tercero en el escalafón del Puerto durante la ampliación, su responsable del área jurídica y el secretario del consejo de administración. La obra fue adjudicada en enero de 2005 a la UTE Dique Torres -integrada por empresas de los grupos ACS (Dragados y Drace), OHL (Sato), FCC y por Alvargonzález Contratas- en 499 millones de euros y un plazo de ejecución de cuatro años. El proyecto se modificó, ejecutándose en seis años con un coste final de 708,7 millones. Anticorrupción considera que el fraude alcanza a la totalidad de la obra, no sólo a los sobrecostes, que en su día se justificaron por dificultades para explotar las canteras de obra previstas.
La comparecencia en el juzgado del director de El Musel había sido solicitada por la acusación popular, que ejerce el Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (Ocan, asociación afín a Podemos), una petición que ha sido refrendada por la Fiscalía Anticorrupción en su último informe, fechado el pasado lunes y que solicita una batería de diligencias de investigación, que han sido plenamente aceptadas por la magistrada Carmen Lamela, que está al frente del juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, en una resolución del martes.
Anticorrupción ha apoyado la comparecencia de Barettino "al tratarse de una persona que ha conocido directamente el desarrollo del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación del Puerto de Gijón en sus distintas fases, de estudios previos, de licitación, de adjudicación y ejecución del contrato de obra, la posterior aprobación del modificado y en conexión con todas las fases del proyecto, la expropiación del alto de Aboño".
La magistrada también ha citado como testigos para el jueves día 23 al presidente de Ciudadanos por Asturias, Raimundo Abando Tartiere y a uno de los copropietarios de la cantera de Aboño, Alfredo Álvarez Suárez del Villar.
En el primer caso, Anticorrupción recuerda que Abando había planteado personarse como acusación popular para canalizar "colaboraciones anónimas o la futura propuesta de testigos protegidos" y añade que también puede tener conocimiento de los hechos en su calidad de expresidente del Puerto de Avilés.
Respecto al arquitecto Alfredo Álvarez Suárez del Villar, su familia era copropietaria de la cantera de Aboño junto con EdP y Sato. La parte de la cantera del arquitecto -la más alejada del gasómetro de la térmica de Aboño- nunca fue explotada para la obra de ampliación. Las actas del comité de gerencia de la UTE Dique Torres aluden a las negociaciones de la UTE con el arquitecto. También el entonces subdirector de infraestructuras de Puertos del Estado, Juan Ignacio Grau Albert, en su declaración como testigo ante la jueza el pasado diciembre señaló que la piedra de la zona del arquitecto era apropiada para la ampliación. El fiscal pidió que declare el arquitecto ante la relevancia que tuvo para justificar los sobrecostes "los cambios en las fuentes de suministro de los materiales pétreos" y en particular "las demoras en la explotación de la cantera de Aboño".
Otras de las diligencias de investigación acordadas por la jueza a instancias de Anticorrupción están dirigidas a esclarecer quienes participaron y cómo se fraguaron las negociaciones de los sobrecostes de la obra, a principios de 2006 en Madrid. Esas reuniones con directivos de las empresas que integraban la UTE Dique Torres fueron señaladas tanto por Rexach y Rato como por los testigos Fernando Palao (entonces secretario general de Transportes) y Mariano Navas (en aquella época presidente de Puertos del Estado), si bien ninguno recordó qué representantes empresariales participaron en aquellas reuniones.
Ahora la jueza ha pedido tanto a Puertos del Estado como al Ministerio de Fomento copia del registro de entrada a sus respectivas sedes entre febrero y abril de 2006, para saber qué directivos empresariales acudieron a las reuniones en el Ministerio.
La magistrada también ha ordenado requerir "a los representantes legales de Dragados S.A. (actualmente ACS), Drace, Fomento de Construcciones Contratas y Alvargonzález Contratas, Sato" para que aporten al juzgado copia certificada de los extractos de las actas de todos los consejos de administración celebrados por cada empresa en los que se tomó algún tipo de acuerdo relativo a la obra de ampliación.
La jueza también pide a las empresas que integran la UTE copia de "los estudios previos de licitación realizados por cada una de las empresas en relación al proyecto de ampliación" de El Musel, identificando a los autores de cada estudio. Anticorrupción propuso esa medida debido a que hasta ahora no ha podido averiguarse el desglose de los costes de explotación de la cantera de Aboño, que la Autoridad Portuaria le había requerido a la UTE sin que ésta, al parecer, se lo comunicase. La Fiscalía recuerda que el informe pericial realizado por interventoras de la IGAE señala que "la documentación aportada no ha permitido la cuantificación del coste de transporte de los materiales".
La magistrada también solicita al Tribunal de Cuentas que le remita el informe de fiscalización de la ampliación de El Musel, relativo a los ejercicios 2012 y 2013, además de la copia de las alegaciones de la Autoridad Portuaria en ese expediente. Ese informe considera "poco realistas" las previsiones que se hicieron para la obra de ampliación. La jueza también pide que se identifique a los autores de dicho informe, lo cual da pie a pensar que podría citarlos posteriormente a declarar respecto al mismo.
Por último, la magistrada deja sin efecto la citación a la jefa de proyectos y control de obras de Typsa (ingeniería que lideró la asistencia técnica a la dirección de obra de El Musel, la UTE Cabo Torres), Beatriz Padilla Moral, dado que está residiendo por motivos laborales en Uruguay.
