10 de marzo de 2017
10.03.2017
El futuro de uno de los proyectos con los que se justificó la ampliación de El Musel

El Gobierno tramita un decreto que acaba con la hibernación de la regasificadora de Gijón

El texto, que supervisa la Comisión de la Competencia, reconoce que aún se mantiene un exceso de capacidad del sistema gasista español

10.03.2017 | 11:57

El Gobierno central está tramitando un real decreto que terminará con la hibernación de la regasificadora de El Musel, que no ha entrado aún en funcionamiento desde que acabó de construirse, en octubre de 2012, con una inversión de 282 millones de euros. La planta se vio afectada por otro real decreto de aquel año que suspendió la tramitación y entrada en servicio de nuevas infraestructuras gasísticas para evitar que los costes asociados lastraran al conjunto del sistema gasista. El proyecto de decreto elaborado por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, levantará esa moratoria, a pesar de que en la memoria sobre el impacto del decreto, el Ministerio asume que aún existe un exceso de capacidad de regasificación en España. Para evitar que su decisión acreciente el déficit del sistema gasista, el decreto plantea eliminar la remuneración aprobada para las regasificadoras con más de 10 años de antigüedad, la mayoría.

El levantamiento de la hibernación de la regasificadora gijonesa no será automático, dado que antes Enagás deberá obtener de la Dirección General de Política Energética y Minas una resolución favorable sobre las condiciones técnicas y económicas para el comienzo de operaciones de la instalación, resolución que a su vez dependerá de un informe favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sobre el impacto de su entrada en servicio en la sostenibilidad económica del sistema gasista español. Al tratarse de un servicio estratégico, la ley establece retribuciones para infraestructuras como la regasificadora. Esas cargas económicas recaen sobre los consumidores, en el recibo del gas.

Aún en el caso de que se consiga levantar la hibernación, la regasificadora de El Musel no podría entrar directamente en servicio, dado que una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de febrero de 2016 anuló la autorización administrativa que el Ministerio concedió a Enagás y que permitió la construcción de la planta.

El real decreto que prepara el Gobierno no cita expresamente a la regasificadora de El Musel, pero sí le afecta. Uno de los artículos señala que a partir de su entrada en vigor "queda restablecida la tramitación" de las instalaciones de regasificación afectadas por la suspensión decretada por el Gobierno en marzo de 2012. El proyecto de decreto marca plazos para el posible alzamiento de la hibernación: Una vez que Enagás solicite la entrada en servicio de la planta, el Ministerio de Energía tendrá un plazo de seis meses para concederla, entendiendo que si no responde a la solicitud, la misma quedaría desestimada.

Sea estimada o no, Enagás seguirá percibiendo retribuciones por la regasificadora de El Musel, las previstas en el decreto de 2012 si es denegada la entrada en servicio o las habituales para las que ya están en funcionamiento, en el caso de que se acepte su petición y la planta pudiera entrar en servicio.

El decreto proyectado está actualmente siendo estudiado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que debe emitir un informe preceptivo. También deberá ser sometido al dictamen del Consejo de Estado y al Consejo Consultivo de Hidrocarburos. No es por tanto un texto definitivo.

Fue la propia CNMC (cuando aún era Comisión Nacional de la Energía) la que en su día elaboró el informe que llevó al Gobierno a hibernar la regasificadora de El Musel, para evitar poner en peligro "el equilibrio" de las regasificadoras que ya estaban operativas en España, en un momento en el que se había desinflado el consumo de gas en España y sobraba capacidad de regasificación. Ese escenario se mantiene. La memoria del análisis del impacto del proyecto de real decreto señala que en España "los niveles de consumo en 2016 (321 teravatios/hora) son similares a los de 2004 (320) y un 30% inferiores a los de 2008. Se estima que puede tardarse varios años en alcanzar la cifra de demanda de 2008", en el que se alcanzó un récord de consumo de 449,68 teravatios/hora. Desde aquel año, el consumo fue cayendo escalonadamente hasta 2014, habiendo repuntado la demanda desde 2015. La caída se debió fundamentalmente al descenso en el uso de gas como combustible para centrales termoeléctricas.

El decreto de marzo de 2012, cuyos efectos van a eliminarse con el que ahora prepara el Gobierno, "fue un primer paso para alcanzar la suficiencia de ingresos y cubrir los costes", camino en el que se profundizó posteriormente con la Ley de 2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia en la que se revisó la retribución de las actividades reguladas y en la que se establecieron "mecanismos automáticos de ajuste" con la idea de que en 2020 el sistema gasista no sea deficitario. En 2014 había sumado un déficit de 1.025 millones de euros.

Una de las justificaciones del proyecto de real decreto es el abaratamiento de los precios de gas en España. La diferencia respecto a otros países de Europa ya la había puesto de manifiesto el Informe de Supervisión del Mercado de Gas en España en 2015, elaborado en julio del año pasado por la CNMC, que apunta que el coste de aprovisionamiento del gas en España (sin incluir el transporte dentro de territorio español) evolucionó a lo largo de 2015 desde los 25 hasta los 19 euros por megavatio/hora, "superiores al precio del gas natural en los principales mercados spot europeos, que a finales de 2015 marcaban precios cercanos a 15 euros por megavatio/hora".

En ese contexto es en el que el Ministerio de Energía sostiene ahora que con el nuevo real decreto -que aparte de levantar la moratoria sobre la regasificadora de El Musel hace lo propio respecto a proyectos de gasoductos de conexión con Francia- permitirá "disponer de las instalaciones necesarias para garantizar el suministro, profundizar en el mercado interior de la energía y fomentar el aplanamiento de precios en el mercado mayorista con el resto de países de la Unión Europea".

El proyecto de decreto plantea dejar de retribuir "instalaciones en extensión de vida útil, por tanto ya amortizadas, que no son necesarias para garantizar el suministro a medio y largo plazo". En concreto señala que de los 1.830 gigavatios/día que son capaces de gasificar las seis regasificadoras españolas en servicio (no se cuenta, por tanto a la de El Musel), 1.550 gigavatios/día de dicha capacidad son gasificados por plantas en "extensión de vida útil".

Es el paso previo a legalizar la planta de Gijón, sostiene el Principado

España cuenta con seis regasificadoras operativas, en los puertos de Bilbao, Ferrol, Barcelona, Sagunto, Cartagena y Huelva. Junto con la séptima de El Musel, España es el país europeo con mayor número de regasificadoras. El proyecto de decreto del gobierno plantea reactivar proyectos de gasoductos y dejar de retribuir a las plantas de regasificación más viejas, dando la opción a sus gestores a desmantelarlas o no.

La memoria del Ministerio sobre el impacto del proyecto de real decreto señala que "considerando la capacidad de entrada adicional existente (por almacenamiento subterráneo, interconexión con Argelia, Francia y Portugal), los compromisos de exportación y los picos de demanda máximos previstos, parte de dicha capacidad no ha sido necesaria durante los últimos años ni parece que lo vaya a ser en el medio / largo plazo", añadiendo que algunas de las regasificadoras españolas llevan en servicio desde 1982 y que pese a que su vida útil era de 10 años "llevan más de 10 años de extensión de vida con un coste aproximado anual de 1,2 millones de euros", ante lo cual el Ministerio considera "necesario analizar la oportunidad de reducir dicha capacidad de vaporización, sin afectar a la seguridad del sistema gasista" dejando de retribuir a esas instalaciones.

El decreto también modificará los peajes por la recarga de barcos, lo que puede ser clave para la viabilidad de las regasificadoras españolas, una de cuyas lineas de negocio es la reexportación del gas natural licuado y también el abastecimiento de ese combustible a buques.

El proyecto de real decreto fue valorado ayer positivamente por el consejero de Industria del Principado, Francisco Blanco, quien señaló que se trata de un paso previo y necesario a la legalización de la regasificadora de El Musel, tal como acordó con el Ministro de Energía, Álvaro Nadal, en la reunión que ambos mantuvieron en el Ministerio el pasado 31 de enero.

"Con este decreto será posible dar nuevas autorizaciones de instalaciones de gas, lo que estaba paralizado. Una vez que entre en vigor, el Ministerio tendrá que proceder a la autorización administrativa", señaló el consejero. Esa es la vía, apuntó, que se va a usar para intentar la legalización de la planta, después de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la primera autorización administrativa al haberse comenzado a tramitar cuando aún estaba en vigor el artículo del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Raminp) que impedía que la regasificadora se construyera a menos de dos kilómetros de un núcleo habitado y la planta dista menos de varios barrios de Gijón y Carreño.

Blanco señaló que anteayer volvió a abordar la situación de la regasificadora de Gijón en una conversación que mantuvo con el Ministro en Berlín, a donde ambos acudieron con motivo de la participación de España y Asturias en una feria de turismo. El Ministro le anunció "que va a proceder a la autorización de la planta", tras la entrada en vigor de este decreto.

El Principado sostiene, al igual que el Ministerio y Enagás, que la sentencia del Tribunal Supremo no obliga a demoler la regasificadora de El Musel, sino sólo a rehacer la tramitación administrativa.

Ni Equo, organización que llevó a los tribunales la planta, ni los ecologistas opinan igual, al considerar que un decreto no puede contravenir una sentencia firme del Tribunal Supremo. José Antonio Ballesteros, abogado de Equo, insiste en que la ejecución de la sentencia pasa por el desmantelamiento de una instalación que se construyó ilegalmente. Equo también ha solicitado que Enagás devuelva los 119 millones de euros cobrados a los usuarios por su mantenimiento y retribución financiera entre 2012 y 2016. Respecto al proyecto de real decreto, Ballesteros calificó de "absurdo" plantear activar la regasificadora de El Musel, única hibernada, y dejar de retribuir a otras que ya están en funcionamiento.

Francisco Ramos, portavoz en Asturias de Ecologistas en Acción señaló que "es de esperar que para cuando esto se acabe de tramitar ya exista una resolución judicial ordenando la demolición" y añade que la alternativa que plantea el decreto incrementará los costes del sistema, que recaen sobre los usuarios.

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